El edil recuerda que en los últimos años el municipio ha vivido una intensa pérdida de casas terreras por un modelo de urbanización que ha optado por aumentar las alturas y cambiar las tipologías de las mismas para adaptarla a nuevos usos, perdiéndose un elemento urbanístico que está estrechamente vinculado con la historia del municipio y la arquitectura que refleja a los sectores más populares de la población, que también conforman el conjunto histórico junto a las grandes edificaciones.
“Creer que La Laguna debe ser una especie de plató de cine vacío de población o actividad comercial propia, o un museo de antiguas casonas, es reducir el patrimonio a un elitismo que nos hace perder importantes valores de lo que es un conjunto histórico en el que convivían diversas clases sociales”, manifiesta.
Ascanio señala que en su moción, vinculada a iniciativas de reflexión y debate como la campaña de Change en favor de la protección de este tipo de edificaciones y a estudios de especialistas como Álvaro Santana Acuña, responde al deseo de poner en valor un tipo de vivienda que forma parte de nuestro pasado, que está sufriendo con especial dureza el crecimiento urbanístico de las últimas dos décadas.
La moción defiende proteger con medidas fiscales de carácter local (bonificación del IBI o similares), urbanísticas y de difusión de sus valores patrimoniales, la conservación de viviendas del tipo casa terrera y tradicional, tanto en el casco histórico como en los barrios del municipio donde existan ejemplares de estas viviendas, y especialmente donde se den conjuntos de estas viviendas que den una caracterización determinada a una calle. Paralelamente defienden crear un conjunto museístico sobre la casa terrera a través de una selección de edificaciones representativas que ayuden a entender el origen, evolución y las funciones de este tipo de viviendas usadas por la mayoría de la población hasta inicios del siglo XX.
El portavoz de la formación lagunera considera que, paralelamente a estas medidas, son necesarias otras como la dotación de partidas en el Cabildo y el Gobierno de Canarias para rehabilitar las edificaciones abandonadas o en mal estado, similares a los planes acometidos en otros puntos del Estado español como Santiago de Compostela, Cuenca o Toledo, donde “también el Ministerio de Fomento y Cultura deben ampliar sus partidas para la rehabilitación de bienes patrimoniales y conjuntos históricos”.
