Sí se puede reprocha al gobierno de CC-PP en Santa Cruz de Tenerife que haya cedido el uso del Palacio de Carta a una compañía cervecera durante dos meses y medio por la “ridícula” cantidad de 6.000 euros. Con la intención de conocer cómo sostiene esta decisión el gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, el concejal del grupo municipal ecosocialista Eligio Hernández Bolaños dirige una pregunta al concejal de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio, Alfonso Cabello Mesa, para que la responda en la sesión de la Comisión de Control este jueves, 13 de julio.
Hernández Bolaños incide en esta ocasión en el detalle del coste impuesto para autorizar a la empresa a utilizar el edificio, fijado en un acuerdo de colaboración que firmaron el pasado 17 de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife e Insular Canaria de Bebidas (Heineken) para la cesión parcial del uso del Palacio de Carta entre el 19 de mayo y 4 de agosto, es decir, durante dos meses y medio.
Según ha podido saber Sí se puede, la duodécima estipulación de este convenio establece que la única contraprestación económica que Heineken abona a la Sociedad de Desarrollo en concepto de cesión parcial del uso del Palacio de Carta “asciende a la ridícula cifra de 6.000 euros, muy inferior a los 80.000 euros de los que hablaron los medios de comunicación en su momento”, subraya Hernández en los antecedentes de su pregunta.
El concejal de Sí se puede considera que la cesión parcial de un inmueble de unas características como las del Palacio de Carta se ha hecho a un precio muy bajo. Por este motivo, consulta “cómo es posible” que esto haya ocurrido y pide detalles del “informe técnico municipal en el que se sustentó la imposición de dicha cuantía”.
A juicio del concejal, “no hay que ser un experto conocedor del sector inmobiliario para saber que un edificio de esas características, en un lugar como en el que está ubicado, tiene un precio muy superior”.
Hernández Bolaños incide ahora en este asunto concreto, más allá de hacerse eco de una polémica que supera este marco, “suscitada por algunos de los usos contemplados en el marco del mencionado acuerdo de colaboración y que pervierten los valores históricos y artísticos de este inmueble, declarado Bien de Interés Cultural en 1947, y del incumplimiento de la Ley canaria de patrimonio histórico, puesto de manifiesto por el Área de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular en un informe emitido el pasado 2 de junio”, según apunta en el texto de la pregunta.
