Sí se puede preguntará por los motivos del retraso en la implantación de la tarjeta social de alimentos en Santa Cruz de Tenerife en el curso del pleno del Ayuntamiento que se celebra el viernes 30 de junio. La concejala del grupo municipal ecosocialista Asun Frías reclama al gobierno de CC-PP en la capital tinerfeña una explicación sobre las causas por las que el uso de esta tarjeta sigue esperando dos años después de su anuncio y cuándo va a entrar en vigor.
La pregunta es fruto del compromiso de Sí se puede e Izquierda Unida Canaria con la Plataforma de la Dignidad y la Plataforma 29 E, adquirido por concejales representantes de ambas organizaciones, respectivamente, Asun Frías y Ramón Trujillo, en el curso de una reunión mantenida la semana pasada con miembros de estos colectivos ciudadanos.
Frías critica al grupo de gobierno su falta de interés por implantar sistemas más dignos en favor de la justicia social. En este sentido, destaca que la que fuera concejala presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Alicia Álvarez, anunció la puesta en marcha del sistema de bonos o tarjetas de alimentos a finales del mandato anterior, hace más de dos años. Álvarez aseguró justo antes de empezar el periodo de campaña electoral que el sistema podría empezar a funcionar en junio de 2015, porque el expediente ya estaba avanzado.
La concejala ecosocialista recuerda también que, en octubre de 2015, el pleno aprobó de forma unánime una moción del grupo socialista en la que se acordó la puesta en marcha de este servicio a la mayor brevedad posible. El acuerdo plenario fue seguido de una nota de prensa que envió el grupo de gobierno ese mismo día en la que se anunciaba el plazo del primer trimestre de 2016 para contar con el sistema activo.
“Desde entonces, los grupos de la oposición presentamos distintas iniciativas en relación con este asunto y el actual concejal presidente del IMAS, Óscar García, expuso las dificultades encontradas en el camino, algunas de ellas bastante inconsistentes –asegura Frías–. En unas ocasiones, anunció nuevos plazos de implantación, que se incumplieron en todos los casos, y en otras respondió vagamente al respecto”.
A juicio de Sí se puede, “el sistema de la tarjeta social de alimentos es mucho más digno y eficiente que el de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) de subsistencia vigentes actualmente”, asegura la concejala, quien apunta que esto es así porque este método posibilita a las familias “elegir los productos que más necesitan en supermercados cercarnos a su domicilio y un pago discreto que les permitirá evitar estigmatizaciones; además, contribuirá a la descongestión de las Unidades de Trabajo Social (UTS), al ahorrar trámites administrativos en este de la administración municipal, que está saturado”.
En cualquier caso, Sí se puede considera que la única fórmula realmente justa de afrontar la situación de precariedad económica es la creación de un sistema de garantía de rentas. “La aportación de recursos por parte del Estado para que la ciudadanía resuelva sus necesidades es una cuestión de derechos, no debe ser una limosna ni una medida caritativa”, recalca Frías.
