Sí se puede presentó este miércoles, 15 de enero, un texto de alegaciones al presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para 2020. La organización ecosocialista se hace eco de esta manera de algunas demandas ciudadanas, que le plantearon la necesidad de llevar adelante esta iniciativa con el fin de evitar la privatización de la gestión de las instalaciones deportivas.
Las alegaciones presentadas por el portavoz de Sí se puede en la capital tinerfeña, Pedro Fernández Arcila, plantean la necesidad de incluir en el presupuesto para este año los créditos necesarios en su capítulo I de forma que se garantice el servicio de los conserjes que sean suficientes para mantener abiertas las instalaciones.
En este sentido, la organización ecosocialista destaca que las personas encargadas de proceder a la apertura, custodia y cierre de estas instalaciones deben ser empleados públicos, según establece la ley, y que al menos tres de las personas que habían prestado este servicio hasta ahora han dejado de hacerlo desde el 1 de enero de 2020, de forma que esta situación ha supuesto el cierre de las instalaciones de las que se hacían cargo.
“Nos encontramos con que muchos espacios deportivos están siendo infrautilizados por la falta de personal municipal, así, el campo de fútbol de El Draguillo, el polideportivo de Las Delicias y el terrero de lucha Perico Perdomo permanecen cerrados todo el día desde el comienzo de este año, mientras que el pabellón Ana Bautista, el terrero de lucha Pancho Camurria, el pabellón de La Salud y el campo de fútbol de San Joaquín se mantienen cerrados por las mañanas”, indica Arcila.
“Es imprescindible dotar de fondos en los presupuestos para garantizar estos puestos de trabajo de conserje en cantidad suficiente para que las instalaciones no queden cerradas como ahora”, apunta el portavoz de Sí se puede, quien subraya que los presupuestos municipales para 2020 no contemplan la contratación de las personas encargadas de las conserjerías más allá de las 15 que lo están haciendo en este momento; se entiende entonces que no están previstas más incorporaciones.
Hacer frente a la atención de todo el servicio en las condiciones que establece la ley requerirá este cambio en el presupuesto municipal, a no ser que el gobierno local contemple la privatización como una salida a la situación de cierre actual de instalaciones fundamentales, aunque no se trata de una solución viable ni aceptable, al tratarse de un servicio de obligado cumplimiento por parte de la administración.
“No basta con construir instalaciones para después dejarlas cerradas. La ley establece la obligación de prestar el servicio con empleados públicos y debe encontrarse una solución estructural y permanente, acabar con la época de las ocurrencias de CC y abordar seriamente la forma en la que ha de prestarse este servicio; una solución estructural, de fondo, requiere que este asunto sea abordado en los presupuestos de la corporación”, concluye Arcila.
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