Sí se puede denuncia que la empresa concesionaria que presta el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos en Santa Cruz de Tenerife, Urbaser, amenaza con sanciones a su plantilla en la capital tinerfeña.
El portavoz del grupo ecosocialista en la corporación, Pedro Fernández Arcila, se refiere al documento que Urbaser ha trasladado a su personal en Santa Cruz con la orden de firmar, entre otros compromisos, el de aceptar y dar por notificada la prohibición de facilitar información a personas externas a la empresa con relación a la prestación de este servicio.
“De esta manera, la empresa obliga a su plantilla en Santa Cruz a reconocer que, si incumplieran esta cláusula, podrían incurrir en sanción disciplinaria y podrían verse afectados por una probable reclamación por daños económicos”, asegura Arcila, quien entrega a la Comisión de Control del Ayuntamiento capitalino una copia escaneada del documento.
Por este motivo, el portavoz de Sí se puede reclama al concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, que dé una explicación ante la Comisión de Control que se celebra el próximo 12 de julio respecto a las actuaciones que el gobierno de CC-PP prevé para garantizar el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras que prestan este servicio.
A juicio de Sí se puede, estas garantías solo se pueden conseguir mediante una orden por la que “el gobierno del alcalde Bermúdez mande a Urbaser que deje de exigir la aceptación de este documento al personal de este servicio”, apunta el concejal ecosocialista.
“El único objetivo de este documento es atemorizar a los operarios de esta empresa concesionaria para que dejen de informar a los vecinos, inspectores, representantes políticos y medios de comunicación sobre incumplimientos del pliego y del contrato administrativo y, en general, sobre el mal funcionamiento del servicio público, que está afectando a muchos barrios de nuestra ciudad”, concluye rotundamente Arcila, quien destaca que “la colaboración de este personal ha permitido, en muchas ocasiones, sacar a la luz infracciones en las que había incurrido la empresa concesionaria e indirectamente ha posibilitado la mejora de este servicio”.
La medida coercitiva de Urbaser sobre su plantilla no solo coarta el derecho humano a la libertad de expresión y conculca derechos laborales consagrados en la Constitución y en las leyes; además, constituye “una torpe medida que pretende hacer de las personas que trabajan para Urbaser cómplices en el ocultamiento de su mala gestión en Santa Cruz; por eso, el Ayuntamiento debe intervenir en este caso, para velar al mismo tiempo tanto por el exigible estricto cumplimiento de las leyes fundamentales por parte de una empresa concesionaria de un servicio municipal, como por que la calidad de la prestación se corresponda con lo establecido en el contrato de licitación del servicio”, exige el portavoz de Sí se puede.
