Sí se puede asegura que las justificaciones del concejal de Servicios Públicos del gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Dámaso Arteaga, evidencian la consistencia de la denuncia ecosocialista sobre el vertido de 20.000 metros cúbicos diarios de agua residuales sin depurar en la capital tinerfeña.
“Las afirmaciones de Arteaga son un reconocimiento de nuestra denuncia”, asegura el portavoz del grupo ecosocialista en la corporación, Pedro Fernández Arcila, puesto que “afirmar que las aguas son tratadas no quiere decir que estas haya sido depuradas; el tratamiento de las aguas podría ser una mera retirada de los sólidos, aceites o arenas pero esto no supone una depuración, que exige tratamientos químicos o biológicos dependiendo del volumen de aguas a verter; la depuración es un proceso mucho más complejo que tiene como objetivo eliminar la carga contaminante del vertido”, explica.
«En este sentido, es sintomático que Arteaga no se refiere en ningún momento al cumplimiento de una depuración de aguas, exigido por la normativa europea y española, y en su frustrado intento de desmentido trata de confundir entre tratamiento y depuración”, dice el concejal de Sí se puede.
Arcila se refiere a las afirmaciones con las que el concejal de Servicios Públicos respondió los datos de vertidos que recordó Sí se puede con motivo del Día Mundial del Agua, el pasado 22 de marzo. Así, Arteaga dijo a los periódicos que en la capital tinerfeña no se vierten aguas “sin tratamiento”. De esta manera, con una evasiva técnica, el concejal intentó ocultar a la opinión pública las condiciones reales en las que se vierten las aguas residuales en Santa Cruz.
El concejal insiste: “desde de mayo de 2011, no hay un solo vertido en Santa Cruz que cumpla con la directiva comunitaria”. Por ello, Sí se puede mantiene su denuncia, en la que ha insistido muchas veces: durante cada día de los casi siete años de mandato del alcalde José Manuel Bermúdez, son 20.000 metros cúbicos los que se lanzan al mar diariamente sin depurar en Santa Cruz, lo que “constituye un ejemplo de las políticas que hay que superar para una gestión del agua ecológica, sostenible y eficiente”, ha dicho Arcila.
A juicio de la organización ecosocialista, la situación se explica por la complicidad entre el gobierno de Bermúdez y Sacyr-Vallehermoso, que comete “el mayor atentado ambiental del municipio con el beneplácito de Bermúdez, que ha permitido todos los desmanes de esta multinacional”.
El portavoz recuerda que en septiembre de este año vence el plazo para presentar los planes hidrológicos insulares si se quiere evitar la más que posible sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) al Estado español por no haber renovado y revisado los planeamientos en 2015 en cumplimiento de la directiva comunitaria sobre aguas. La situación es tal que el propio Cabildo de Tenerife ha tenido que reconocer ante la Unión Europea el incumplimiento de la directiva en los vertidos de Cabo Llanos, esta y otras situaciones son reconocidas explícitamente también por los servicios técnicos municipales.
