Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, exige a CC transparencia sobre la ejecución provisional de la sentencia del caso Las Teresitas. Arcila reprocha al alcalde Bermúdez que oculte la información que el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, se comprometió a entregar a la oposición en la Comisión de Control de enero pasado.
Sí se puede llama la atención sobre el riesgo que puede suponer la pérdida constatada de patrimonio inmobiliario de uno de los condenados por esta sentencia, en concreto, el empresario Antonio Plasencia, después de que parte de sus propiedades hayan sido compradas por el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. “Esta situación significa una pérdida de garantías para la recuperación de la cantidad que debe ser devuelta al erario público municipal en función de esta resolución judicial”, explica Arcila.
La importancia de que el Ayuntamiento inste a la ejecución provisional de esta sentencia se ilustra con un dato significativo, relativo a la deuda de Antonio Plasencia y su empresa, Promotora Punta Larga, que deben al Ayuntamiento, en concepto de principal e intereses, una cantidad que supera ya los 100 millones de euros.
La pregunta que dirige el portavoz de Sí se puede al pleno que se celebra el próximo viernes, 29 de marzo, pide una explicación de las razones por las que el grupo de gobierno no le ha entregado el escrito que acredite que el Ayuntamiento ha instado a la ejecución provisional de la sentencia, así como toda la documentación derivada de ello, tanto la generada por la representación procesal del Ayuntamiento ante la Audiencia Provincial en el trámite de ejecución provisional, como las respuestas correspondientes de este Tribunal.
La iniciativa de Arcila se basa en el compromiso de Martínez ante la Comisión de Control de enero a raíz de su comparecencia, solicitada por Sí se puede, en la que se ofreció a remitir toda la documentación sobre el trámite de ejecución provisional. Después de la sesión, y ante la falta de noticias, Sí se puede ha pedido que se le remita la información por correo electrónico y, durante estos tres meses, ha acudido a buscarla periódicamente al servicio municipal correspondiente, “sin que nos entreguen la documentación solicitada, lo que supone una clara vulneración del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos previsto en el artículo 23 de la Constitución”, subraya el portavoz ecosocialista.
En la Comisión de Control de enero, Martínez informó que, poco después de conocerse la sentencia condenatoria, la Junta Local de Gobierno acordó, en mayo de 2017, pedir al Juzgado la adopción de medidas cautelares para proteger el interés general y de la hacienda local e instaba a requerir a todos los condenados la designación de los bienes que podían ser usados para la devolución de lo adeudado al Ayuntamiento. Igualmente, Martínez informó que la citada Junta acordó que, en caso de incumplimiento o si los bienes designados fuesen insuficientes, el Ayuntamiento había previsto solicitar al Tribunal el bloqueo o retención de saldos de cuentas bancarias o similares, así como el embargo de bienes muebles o inmuebles.
