Asamblea Unificada del Pueblo (AUP)-Sí se puede rechaza la falta de transparencia respecto a la instalación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en La Guancha, que afecta a San Juan de la Rambla. La organización ecosocialista considera que el Consejo Insular de Aguas (CIATF) y el Cabildo de Tenerife deben impulsar un proceso de participación ciudadana para cumplir con la obligación que establece la normativa europea.
Imagen en la que se señala la ubicación prevista para la EDAR de La Guancha, que afecta a San Juan de la Rambla.
A juicio de AUP-Sí se puede, “es imprescindible informar a la ciudadanía para que esta tenga la oportunidad de participar en la toma de decisiones a través de los procedimientos de participación ciudadana previstos, más aún cuando la planificación del Consejo Insular de Aguas en el Plan Hidrológico Insular (PHI) establece que la EDAR se instale a apenas 150 metros de la población, cercana a la urbanización conocida como La Cooperativa, en pleno casco histórico, en San Juan”, afirma el portavoz del grupo municipal de la organización, Juan Siverio.
“Ni el Cabildo ni el Ayuntamiento han informado a la ciudadanía de los riesgos que puede significar la ubicación de la EDAR en un punto tan cercano a la población, los efectos sobre el entorno y el medioambiente y los costes del sistema de depuración escogidos, así como sobre los derechos de participación que le asisten para formar parte de la decisión final; consideramos que este es un requisito democrático imprescindible, tal como obliga la Directiva Marco del Agua y otras directivas comunitarias en materia de participación ambiental”, añade Siverio.
Igualmente, AUP-Sí se puede rechaza que “no se hayan puesto sobre la mesa otras opciones de depuración, como los sistemas naturales, ni se haya estudiado la evaluación ambiental de la fórmula propuesta”, destaca su portavoz. La organización considera que “debe abrirse el proceso de participación ciudadana al que obligan las normas comunitarias, que incluyen un análisis de las distintas alternativas desde la perspectiva coste-eficacia, con especial atención a la evaluación de los costes ambientales, y la justificación ambiental de las propuestas de localización de las instalaciones en el territorio”, asegura.
