Esta formación política fue la primera en presentar una propuesta para la implantación de la deducción por motivos sociales del Impuesto de Bienes Inmuebles en el año 2015, tres años después, consideran que las bases reguladoras de dicha concesión “son insuficientes y las condiciones bajo las que se puede acceder a éstas son restrictivas”.
En el año 2015, el grupo municipal de Unid@s se puede presentaba ante el Pleno municipal una moción instando al consistorio a desarrollar una norma que implementara el llamado “IBI social”, el cual consiste en una deducción al Impuesto de Bienes Inmuebles para personas en situación o riesgo de pobreza. En aquel momento, el Pleno aprobó la propuesta pero tras varios infructuosos intentos de incluir una partida presupuestaria para su implantación (presupuestos municipales de los años 2016, 2017 y 2018), ha sido este año cuando finalmente se han aprobado por unanimidad una moción en esta materia.
Unid@s se puede manifiesta estar “satisfecha por la aplicación de esta medida”, pero debido a los requisitos que se detallan en las bases reguladoras y pendientes de aprobación en el pleno municipal la considera insuficiente, declara González. Muchas personas de nuestro municipio que se encuentran en situación de emergencia social, necesitan recibir más apoyo de la administración más cercana para poder sufragar sus necesidades y el incremento de la presión fiscal en nuestro municipio que asciende a un 17.6% y coincidiendo en los peores años de la crisis económica no ayuda.
Pero la tardanza en su implementación no es la única pega que pone esta formación política. Las bases reguladoras sólo prevé la exención para titulares de viviendas. Si bien es cierto, que mayoritariamente el pago es realizado por titulares solicitamos incluir posibles casos de personas inquilinas tuvieran que pagar el IBI. Además, sólo las personas que residan durante tres años o más en la vivienda afectada tendrán derecho a la deducción, por lo que muchas personas podrían quedar excluidas.
Esta formación política también critica que la cuantía del valor catastral de una vivienda cuya persona titular sea susceptible de recibir esta bonificación tenga un límite de 45.000 euros. Consideramos que dicho valor catastral es poco realista.
La edil señala al respecto que sería recomendable incluir en cualquier tipo de prestación de emergencia social los llamados “criterios de excepcionalidad’ para determinados casos especiales por sus circunstancias”.
Por ello, Unid@s se puede espera que dicha medida sea aprobada en el próximo pleno y tengan en consideración las propuestas de mejora aportadas por nuestra formación, concluye González.
