Sí se puede logra que el Ayuntamiento de Arico haya dado marcha atrás y suspenda el cobro de costes por urbanización a las personas residentes en las comunidades de Canteras del Sol y Canteras de Abades, en el barrio costero del municipio sureño. La decisión unánime adoptada este viernes por todos los grupos presentes en la corporación fue el segundo éxito de la oposición en el pleno extraordinario celebrado este viernes, 13 de julio, tras haber conseguido previamente convocar la sesión gracias a la unidad de los grupos opositores frente a un grupo de gobierno que pretendía no abordar el asunto en el pleno.
Asimismo, la organización ecosocialista muestra su satisfacción por la aprobación unánime de un informe que presentó su concejal en la corporación, Sebastián Martín, para rebajar los costes de urbanización y revisar los plazos de pago, debido a las irregularidades del proceso. «El ayuntamiento ha actuado de mala fe y ha tratado como infractores a los vecinos. Gracias a la presión social se podrá arreglar un problema que lleva años sin solución», asegura Martín, que califica el acuerdo del pleno como “una victoria de la gente”.
El citado informe fue elaborado por un arquitecto a instancias de un despacho de abogados. El documento, gestado a solicitud de las comunidades de vecinos en 2014, demuestra que la urbanización puede ejecutarse con un presupuesto considerablemente más barato que el previsto por Gestur. Sí se puede logró que el informe haya sido aceptado por el pleno cerca de cuatro años de haberse realizado.
La contradicción de los informes técnicos municipales, las dudas sobre la prescripción de los cobros y el incumplimiento de los plazos previstos obligó a acordar una solución provisional de urgencia que diera tranquilidad a las personas residentes ante la inacción del grupo de gobierno.
Sí se puede destaca el esfuerzo de los vecinos y vecinas durante años para sacar adelante una urbanización financiada por la gente que ya está recogida por el Ayuntamiento, al estar en proceso de ejecución forzosa. El concejal ecosocialista destacó la oportunidad que supone este acuerdo para reconducir la situación: «El Ayuntamiento ha intentado cobrar a los vecinos apoyado en informes técnicos que afirmaban que no existía proyecto, mediante distintas irregularidades y sin saber los plazos ni las cantidades. Se ha faltado el respeto a la gente. Ahora se abre una nueva vía para hacer un proyecto serio y despejar las dudas surgidas durante todo el proceso».
Efectivamente, a partir de ahora se abrirá un proceso en el que el Ayuntamiento y Gestur, la empresa encargada de realizar la obra, tendrán que elaborar los informes para la suspensión final del pago y un proyecto nuevo que rebaje la cantidad a pagar, que se deberá ejecutar por fases para facilitar tanto el pago como la realización de las obras.
La situación estalló recientemente, cuando a mediados de junio pasado, vecinos y vecinas de las comunidades citadas recibieron cartas del Ayuntamiento en las que se les requería el pago de más de tres mil euros por vivienda a más de 465 titulares de viviendas afectadas por un proyecto conjunto del Plan Parcial de Abades; de esta manera, la corporación habría recaudado hasta 1.480.356,27 euros.
