Sí se puede logró este jueves el apoyo del pleno del Ayuntamiento de Arico para instar al Senado y al Congreso a reducir los sueldos de sus cargos electos un 45 %. El concejal ecosocialista Sebastián Martín sacó adelante una iniciativa que cuestiona la propuesta de Pedro Sánchez mientras el grupo municipal del PSOE se negó a votar.
Martín había dirigido recientemente una carta a Pedro Sánchez en la que pedía al líder socialista que secunde la decisión municipal de reducir los salarios de cargos públicos, tal como promovieron en la corporación los grupos municipales de Sí se puede y PSOE para este año, con la participación de su concejala, también senadora, Olivia Delgado.
La carta, firmada por el concejal, destaca que entonces Delgado secundó en el Ayuntamiento de Arico la iniciativa ecosocialista dirigida a rebajar un 45 % los salarios del gobierno local para destinarlo a fines sociales, en la línea de la propuesta del programa electoral de Sí se puede para el municipio. En ese sentido, el concejal apunta como contradictoria esta medida con la propuesta anunciada recientemente por Sánchez, en la que se plantea una subida de un 0,25% en los sueldos de los miembros del Gobierno, diputados y senadores “en un momento de especial dificultad para los pensionistas del país”, refiere en su misiva.
Martín coincide con Delgado en el calificativo de “miserable” que la concejala y senadora dio a la subida del 0,25% de las pensiones propuesta por el Partido Popular. El concejal defendió su propuesta con datos que revelan que en el Estado español “hay, aproximadamente, 76.000 cargos políticos que en total cobran 720 millones de euros al año”, al tiempo que planteó destinar el 45 % de este dinero “al alivio de la situación de los pensionistas”, una medida que, a su juicio, “serviría para empezar a dignificar a muchísimas personas que aún quieren creer en las instituciones públicas en estos tiempos de corrupción, precariedad y recortes”.
La injusticia de la situación por la que pasan las personas pensionistas se ilustra con el cuestionamiento al derecho de senadores y diputados a cobrar la máxima pensión (36.000 euros) por estar solo siete años en el cargo, mientras casi dos millones de receptores de pensiones cobran menos de 600 euros al mes después de muchos años de trabajo.
