Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha presentado durante la mañana de hoy, jueves, un recurso contencioso-administrativo contra el incremento de la tarifa del agua solicitada por la Empresa Mixta de Aguas del municipio (Emmasa) a la Comisión Territorial de Precios, dado que este incremento se ha publicado sin la autorización de la citada comisión y sin que la empresa aportara los correspondientes estudios económicos y financieros y la auditoría interna que exige la normativa vigente.
Arcila considera que “el Ayuntamiento ha intentado contentar a la empresa mixta Emmasa saltándose la legalidad vigente, publicando este incremento por exigencia de esta empresa, ignorando acuerdos plenarios y sin respetar los derechos de los consumidores, un hecho que empieza a recordarnos la forma de actuar del gobierno de Zerolo”. Sí se puede recuerda que durante el debate de este asunto en el pleno del pasado 30 de septiembre, el portavoz de la organización política advirtió de que se estaba cometiendo una ilegalidad y dejó claro que no iba a permitir que se consumara este grave atentado contra los derechos de los vecinos.
“Lo más grave para nosotros –añade Arcila– es que el concejal Dámaso Arteaga se comprometiera en el pleno a no publicar la ordenanza hasta que se pronunciara la Comisión Territorial de Precios y a la semana siguiente el Ayuntamiento hizo todo lo contrario, colando en el Boletín Oficial de la Provincia el incremento de las tarifas”.
Por ello, el portavoz de Sí se puede exigió en su día a Arteaga que diera explicaciones públicas acerca del incumplimiento de la palabra dada en el pleno. Como quiera que no ha obtenido respuesta, el concejal llevó hoy el asunto a los tribunales al considerar que se ha propiciado “una situación injustificable de cara a los ciudadanos de esta capital; situación que, además, causa vergüenza ajena por la forma tan burda con que se ha actuado”.
Arcila indica que la actividad de Emmasa y sus relaciones contractuales con el Ayuntamiento de Santa Cruz serán objeto de especial seguimiento por parte de Sí se puede durante los próximos cuatro años. “Se trata de un servicio fundamental para la ciudadanía y para el municipio –señala el edil–, por lo que si la empresa no está en condiciones de llevarlo a cabo, el Ayuntamiento tiene la obligación de asumir nuevamente sus competencias”.
