Sí se puede insiste en exigir a la alcaldesa de Buenavista, Eva García, que colabore con la justicia en el caso de la querella presentada por el Ayuntamiento contra el ex alcalde socialista Aurelio Abreu. García, en su condición de alcaldesa, está obligada ante la justicia a cumplimentar una fase del procedimiento con la entrega de un poder especial solicitado desde julio de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Icod de Los Vinos para seguir el proceso.
La querella, presentada por el grupo de gobierno de Sí se puede durante el mandato anterior contra los ex alcaldes del PSOE Aurelio Abreu y Víctor Lorenzo, recoge las presuntas ilegalidades detectadas en la construcción de un centro social en el barrio de La Cuesta.
Antonio González Fortes, portavoz del grupo municipal de Sí se puede en Buenavista y anterior alcalde del municipio, asegura que “la actitud de García es de una falta de lealtad y de respeto con las instituciones y con la ley que resulta alarmante y solo puede calificarse de obstruccionismo”.
En el pleno celebrado el pasado martes 19 de abril, la alcaldesa volvió a evidenciar su actitud ante los grupos municipales, cuando informó que aún no ha entregado el poder especial requerido por el juzgado con el argumento de que su errónea actuación hasta ahora se ha desarrollado bajo las instrucciones de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento y el secretario de la corporación.
Por este motivo, el grupo municipal ecosocialista ha presentado una solicitud de información ante el ayuntamiento, en el que pide se le entreguen los siguientes documentos: informe sobre las instrucciones dadas a la alcaldesa por los Servicios Jurídicos municipales; informe sobre las instrucciones dadas por el secretario de la corporación a la alcaldesa; explicación de las causas por las que el poder entregado en septiembre pasado por la alcaldesa es general y no especial, como se requería por parte del juzgado.
Igualmente, Sí se puede pregunta a la alcaldesa si en el momento en que firmó el poder general estuvo acompañada por los Servicios Jurídicos municipales o el secretario del ayuntamiento, y pregunta también si en el momento de la firma la alcaldesa contactó con la procuradora encargada del caso y por qué se dirigió al decanato en lugar de al juzgado en esa ocasión.
El objetivo de esta batería de preguntas es intentar dilucidar la responsabilidad de la alcaldesa en la obstrucción a la justicia, que, sea circunstancial o a propósito, es algo que está ocurriendo a partir del comportamiento del ayuntamiento en este caso desde que García asumió la vara de mando.
El proceso judicial tiene que continuar, porque “el juzgado ha decidido dar curso a la querella”, insiste González Fortes, y porque “el pleno de septiembre de 2015 rechazó la propuesta socialista de retirar la querella y obliga a la alcaldesa a entregar el poder especial” requerido por el juzgado.
“Han transcurrido ya nueve meses desde que el juzgado pidió ese poder especial y la alcaldesa dice que no está obstaculizando a la justicia y, cuando se desvela su actitud, le echa la culpa a los funcionarios; no se puede admitir tanta cobardía política”, manifiesta el portavoz ecosocialista. Por otra parte, que el juzgado decida continuar con el proceso “desacredita los argumentos empleados por el PSOE en el pleno de septiembre y demuestra que lo único que buscaban entonces es tapar un asunto bastante sucio de la gestión socialista”.
Presuntas ilegalidades
En la querella se detalla que el ayuntamiento recibió más de 300.000 euros para concluir las obras del centro social en el barrio de La Cuesta, sin que se realizara ningún avance en las obras. Asimismo, aunque el ayuntamiento ha recibido financiación suficiente, incluso para la compra de muebles, las obras continúan en su fase inicial y el edificio carece de instalación eléctrica, carpintería interior y exterior, entre otras cosas.
A juicio de Sí se puede, estos hechos constituyen un claro perjuicio para el consistorio y, sobre todo, para el pueblo buenavistero, que se ve así privado de una infraestructura necesaria. El Centro Social de La Cuesta ha recibido suficiente financiación de varias instituciones, por lo que no se entiende el estado en el que se encuentra. Por este motivo, González Fortes, como alcalde en el mandato anterior, consideró su deber intentar aclarar este complejo expediente administrativo y promover que se depuren responsabilidades políticas.
Sí se puede lamenta que el grupo socialista en Buenavista esté más preocupado por cubrirle las espaldas a Aurelio Abreu y a Víctor Lorenzo que por determinar qué ocurrió con el dinero público destinado al barrio de La Cuesta.
