Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz, solicita la retirada del decreto del pasado 3 de febrero por el que se exige a los funcionarios municipales que apliquen las sanciones más altas posibles a los ciudadanos infractores.
El polémico decreto, que ya ha sido recurrido por el sindicato SEPCA, contiene instrucciones en la que el Alcalde ordena que se le adjudique a las infracciones administrativas la mayor valoración posible, lo que significa que Bermúdez está exigiendo a los instructores de los expediente sancionadores que se aplique la multa más elevada de las posibles, desconociendo que la labor de fijar la multa le corresponde exclusivamente a los funcionarios responsables de la instrucción quienes deben, tras un complejo proceso de análisis de las circunstancias concurren en cada caso, atenuar o agravar la multa que pueda imponerse por la infracción cometida.
Arcila ha sido especialmente duro con el alcalde capitalino afirmando, tras analizar el contenido de este polémico decreto, que “no podemos permitir que en una sociedad democrática como la nuestra, el Ayuntamiento se dedique a incumplir los principios básicos del derecho sancionador, por eso no estamos dispuestos a admitir estos tics autoritarios del primer edil de la corporación”. Arcila ha continuado, señalando que “Nos asombra esta nueva faceta del Alcalde que envuelve su actitud mandona con el más asombroso desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, lo que produce vergüenza ajena” llegando a afirmar el concejal de Sí se puede que “en estas fechas, carnavaladas, las justas”.
El concejal de Sí se puede lamenta que una cuestión tan importante como la que aborda el polémico decreto, como es la mejora del ornato y conservación de los bienes municipales, se vea envuelto en la polémica por “la torpeza de Bermúdez”.
