Juan Miguel Mena, concejal de Sí se puede en La Laguna, considera que el anuncio de la reducción de los índices de flúor en el agua de abasto lagunera es sin duda “una buena noticia para los vecinos”, pero opina también que el concejal responsable debería dejar claro que “es una solución temporal, vinculada a la existencia de unas reservas en el acuífero que no son renovables y que pueden desaparecer en un plazo de menos de 15 años”.
El edil ecosocialista recuerda que la obra del pozo de Las Mercedes, que ha posibilitado esta mejora del suministro, ha supuesto una inversión que supera los 1,4 millones de euros, pero que no garantiza en absoluto que los datos de salinidad y flúor municipales se adapten a lo que recoge la normativa durante los próximos años, ya que los propios informes del Consejo Insular de Aguas de Tenerife manifiestan que la situación del acuífero en la zona hace pensar que estos recursos no duren más de 10 o 15 años y la caída de la calidad del agua procedente de galería se acelera. Creen que antes que plantear otro gasto de más de un millón de euros en el pozo de Las Gavias habría que hacer un frente común para lograr la desaladora prevista en 2009 en Valle de Guerra, que casi cuadruplicaría la capacidad para producir agua potable del pozo de Las Mercedes.
La formación ecosocialista sigue defendiendo que se centren los esfuerzos en otras alternativas, basadas en la puesta en marcha de desaladoras o en el aumento de la producción de las ya existentes, como la que es propiedad del Estado en la costa de Santa Cruz, que en la actualidad atiende las necesidades de unos 150.000 santacruceros. “Como hemos expresado en otros momentos, pensamos que un pacto por el agua en La Laguna debe centrarse en la búsqueda de soluciones permanentes al problema y que con voluntad se puede lograr esto”, explican.
Una apuesta por un agua pública y sostenible
La organización de izquierdas cree que Teidagua, una de las cuatro empresas públicas más rentables de Canarias según diversos informes, debería ser 100% pública, siendo un asunto que se podría abordar en ese pacto por el agua, siendo un argumento excelente para que se inicie su recuperación y la puesta en marcha de un expediente para que se resuelva la relación jurídica existente por parte de ambos ayuntamientos, que poseen el 50% de las acciones de la misma. Mena considera que el momento actual debería ser aprovechado para reforzar estos servicios públicos fundamentales y darle la importancia que merecen, “poniendo en marcha una gestión pública eficiente de los recursos, que mejorará la economía municipal evitando repercutir más recortes sobre las familias”.
