Juan Miguel Mena, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, ha realizado su análisis del pasado Pleno municipal en el que destaca un moderado intento de llegar a acuerdos en determinados temas y la continuación del “rodillo”.
Para el edil resulta curioso que solamente se logren acuerdos amplios en temas que van más allá de la realidad local y que, a pesar de esto, el gobierno local de CC-PSOE siga demostrado que es “incapaz de lograr consensos o transaccionar las propuestas constructivas que hacemos desde la oposición para mejorar la gestión municipal”.
Mena considera un buen ejemplo de esta situación el debate vivido el jueves en el Pleno, donde se rechazó la moción de los ecosocialistas que solicitaba la aplicación de criterios sociales y ambientales a la hora de establecer contratos públicos en el municipio. El concejal afirma que se trataba de una propuesta bien argumentada jurídicamente, basada en lo que se recoge en leyes como la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) o la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todas ellas facultan a los organismos locales para incluir criterios propios en la ley de contratos públicos. Apoyándose en estas disposiciones legales los ecosocialistas laguneros querían que en los contratos municipales se añadieran criterios sociales, como los respectivos a la contratación de colectivos de difícil empleabilidad y ambientales, una medida que, como reconoce el propio texto de la moción, no tendría coste alguno para el municipio.
El concejal de Sí se puede considera que la respuesta que se le ofreció por parte de los portavoces del equipo de gobierno fue toda una demostración de que realmente “ni habían leído la moción, ni habían intentado comprender el sentido de la misma”. Para ello Mena indica que las referencias que se hicieron a un premio que se le ha dado a Muvisa por cumplir las normas de accesibilidad en sus viviendas, que Teidagua tenga al día sus normas ambientales o que Simpromi gestione un parking municipal son ejemplos que, en ese momento, no se correspondían en absoluto con el contenido de la moción.
“Tenemos claro que los Ayuntamientos pueden cumplir una función social y ambiental de primer orden, por ello queremos que La Laguna se sumara a las Administraciones Públicas de diferentes Comunidades Autónomas del Estado español, así como distintos organismos de estados miembros de la Comunidad Europea, han realizado, con exitosos resultados, actuaciones de contratación responsable” afirma el portavoz. De hecho a Mena le llama la atención que esta misma propuesta, que el portavoz del PSOE, Javier Abreu, llegó a calificar de “ilegal”, fue aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz el pasado verano, “sin que concejales con amplios conocimientos jurídicos como Julio Pérez (PSOE) dijeran nada al respecto”. El concejal de izquierdas considera que CC y PSOE actúan en los municipios como si se trataran de “reinos de taifas”, demostrando que no tienen un criterio común a la hora de ejercer una actuación política, algo que para la ciudadanía “debe ser realmente difícil de entender”.
Para Sí se puede es lamentable que se haya perdido una buena oportunidad para mejorar y establecer unos criterios realmente transformadores en las contrataciones públicas locales. Aun así el edil no descarta que, como ha sucedido en otras ocasiones, dentro de unos meses “se nos presente una propuesta similar desde el mismo equipo de gobierno, ya que no sería la primera vez que esto sucede”.
