Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aseguró hoy que la lista de espera de nuevos solicitantes de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) asciende a más de 500 personas, según cálculos muy prudentes elaborados tras consultar a varios trabajadores sociales del Instituto Municipal de Atención Social.
Frente a este dato, Frías no recibió ninguna cifra oficial por parte de la delegada municipal de Atención Social, Alicia Álvarez, que hoy contestó por escrito a una pregunta de Sí se puede en la que pedía a la Comisión de Control este dato específico. En su respuesta, Álvarez indica, a instancias de Frías, que la gestión inicial de la PCI estará al día en abril tras el parón del primer trimestre, una afirmación que la portavoz ecosocialista considera imposible de hacer realidad.
De hecho, la concejala advirtió de que la lista de espera en realidad está aumentando, puesto que muchas personas están acudiendo a las UTS para iniciar los trámites una vez que han sabido que el servicio se ha reanudado. En la actualidad, los trabajadores sociales de algunas UTS están citando para la próxima semana a solicitantes que se apuntaron en noviembre del año pasado.
Además, muchas de las personas que acudieron a estos centros antes del 6 de marzo –fecha de la reanudación del servicio– no fueron inscritas en ninguna lista de espera, sino que se las remitió a la reapertura del proceso de gestión para que realizaran sus solicitudes. Con este panorama, trabajadores sociales de las UTS han señalado a Sí se puede que de ninguna manera se cumplirá el plazo prometido por la concejala de Atención Social a no ser que se contrate al menos a dos personas más en cada unidad.
En su pregunta a la Comisión de Control, Frías también pedía por parte de Álvarez una evaluación del insuficiente apoyo que se está dando a la integración social de las personas perceptoras de la ayuda y, pese a que esta respondió hoy por escrito que se estaba invirtiendo tiempo y esfuerzo en mejorar el seguimiento de los programas individualizados de inserción, algunos trabajadores han asegurado a Sí se puede que las directrices desde el Ayuntamiento son no realizar seguimientos.
Frías denunció hoy que, con independencia de esa orden, pero en consonancia con la alarmante falta de personal, los profesionales ni están haciendo ni van a poder realizar ese apoyo a la integración social vinculada a la ayuda económica, con lo que se está contraviniendo lo establecido en la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la PCI.
