Yaiza Afonso, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en el Pleno ordinario de mañana por la fase en que se encuentra la aprobación de la modificación de las bases por las que se regula la gestión de las ayudas individuales a la discapacidad, que fue acordada por unanimidad plenaria en 2015 a propuesta de Sí se puede, pues se encontraba desfasada hasta el punto de que las cantidades se expresaban en pesetas y se empleaba la palabra “minusválido” en lugar de “persona con diversidad funcional”.
La pregunta tiene su origen en el hecho de que el pasado día 13 el Gobierno local presentó en rueda de prensa las actividades desarrolladas dentro del Programa de Discapacidad y en ese encuentro informativo dio por hecha la modificación, pero a Sí se puede no le consta que esta haya sido aprobada en el órgano correspondiente, ya sea el Consejo Rector del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) o el propio Pleno.
Con esta pregunta, Afonso desea saber si, al hablar de que la modificación ya se ha ejecutado, el grupo de gobierno se refiere a lo acordado por la Comisión de Discapacidad del Ayuntamiento, que presentó en julio de 2015 una propuesta consensuada a raíz de la moción de Sí se puede, que había sido aprobada tres meses antes. También desea saber si tal propuesta de la Comisión ha sido modificada y cuándo se presentarán y serán llevadas a aprobación ante el órgano municipal correspondiente. Por último, pregunta si se ha comunicado a la Comisión de Discapacidad cómo han quedado las bases y cuándo entrarán en vigor.
Unas bases desfasadas
El acuerdo de modificación de las bases se produjo en abril de 2015 gracias a una iniciativa de la concejala de Sí se puede Asunción Frías, que denunciaba entonces su desfase en todos los aspectos, desde el lenguaje empleado hasta su inadaptación a la legislación vigente, pasando por el uso de la peseta como moneda, algo sobre lo que la concejala afirmaba que “parece de chiste”.
Frías señalaba en su propuesta que las bases, aprobadas por el Pleno en junio del año 2000, no solamente no recogían lo establecido en leyes y decretos posteriores a su entrada en vigor, sino que en ellas se empleaba un lenguaje inapropiado, con el uso de palabras como “minusválido” frente a expresiones más correctas como “discapacitado” o “persona con diversidad funcional”.
