Sí se puede apoya las demandas de las familias acosadas por empresas de desalojo de edificios en San Isidro de Abona (Granadilla). La organización ecosocialista se adhirió recientemente al manifiesto del Sindicato de Inquilinas sobre esta vulneración del derecho constitucional a la vivienda de vecinas de la calle Isla de la Graciosa en el municipio del sur de Tenerife.
Sí se puede destaca “la incapacidad de las administraciones públicas, en dar una salida a estas familias, que llevan más de dos mandatos, diez años, sin recibir una solución por parte de las instituciones”, asegura José Luis Almenara como portavoz en materia de vivienda de la Coordinadora del partido asambleario canario. “En el mismo artículo 47 de la Constitución donde se consagra el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna se establece la obligación de los poderes públicos a hacer efectivo este derecho. En Sí se puede nos preguntamos dónde han estado durante estos años los Servicios Sociales del Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias a lo largo de estos años”, añade. Almenara señala que este caso “es aún más sangrante si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento de Granadilla no da ningún tipo de ayudas al alquiler, se limita derivar a las personas que están abocadas a perder su vivienda para que las atienda un organismo no gubernamental”.
A juicio de la organización, “es intolerable recurrir al matonismo para defender a los especuladores que se enriquecen de forma oportunista en las crisis a costa de los intereses populares”, manifiesta su portavoz. Almenara se refiere así a uno de los factores más sangrantes de este caso: la intervención de la empresa Desokupa, que intervino de forma violenta contra las vecinas afectadas para garantizar los privilegios de un especulador inmobiliario que, además, como dice el manifiesto actuó de forma “oportunista y miserable”, al haber comprado una vivienda de manera ilegal y de mala fe, puesto que el comprador, que actuó igual que un fondo buitre, estaba informado de la presencia de personas residentes en el edificio y conocía la crítica situación económica de estas familias.
“Al intervenir en este caso la empresa Desokupa, sin apenas implantación en las Islas, y competidora directa de Desokupa Canarias, el especulador convierte el edificio de San Isidro en un lugar donde no solo se da una acción violenta contra personas con dificultades para mantenerse en sus viviendas, sino que además es el escenario de una competencia feroz entre empresas de matones especializados en el desalojo”, destaca el portavoz de Sí se puede. “Afortunadamente, las familias consiguieron soportar el primer empuje gracias a la solidaridad ciudadana, pero Desokupa sigue presente, con acciones de acoso amenazantes”, añade.
El manifiesto
El manifiesto suscrito por Sí se puede junto a otras organizaciones y personas solidarias, subraya que la intervención de estas empresas especializadas en desalojos es una forma de “normalizar” el acoso contra las personas más vulnerables de nuestra sociedad con fórmulas que dan una aparente cobertura legal a prácticas de odio características de “grupúsculos neonazis” y destaca que este tipo de empresas han recibido apoyo con fondos públicos y su papel consiste en abordar los casos mediante hechos consumados fuera de los procesos judiciales, de forma que “están negándole el derecho a las familias de defenderse”.
En Canarias, el problema de la vivienda “es un asunto público que se trata de ocultar”, que crece desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, asegura el documento, que destaca el papel del modelo socioeconómico de las Islas, basado en el turismo, en el que trabajadoras y trabajadores que realizan en ese sector sus labores en condiciones precarias son los que generar beneficios a las empresas del sector, “a costillas nuestras, alimentando una espiral de pobreza y precariedad”, lo que hace de esta actividad económica “una práctica neocolonial, que gentrifica nuestros barrios y pueblos, destruye el territorio, y condena a la mayoría a vivir en un paraíso secuestrado por intereses de foráneos y élites locales”.
El documento que suscribe Sí se puede establece el paro, especialmente, el juvenil, como uno de factores causantes de esta situación, junto a la precariedad, el encarecimiento de las viviendas y la ausencia de políticas públicas de vivienda.
