La organización ecosocialista ha alertado sobre lo que puede convertirse en un monumental escándalo y que puede dañar gravemente la credibilidad política del Consejero de Educación, José Miguel Pérez, máximo responsable del Gobierno de Canarias en el área de educación.
Según señala la nota de prensa emitida por Sí se puede, el equipo técnico del transporte escolar de la Dirección General de Ordenación, Promoción e Innovación Educativa le habrían comunicado a la Consejería de Educación que los contratos celebrados en el 2008 y 2009 con las empresas de transportes encargadas de los desplazamientos de los escolares son un auténtico agujero negro para las arcas públicas. Estos contratos, a entender de los técnicos, habían incluido unas condiciones tremendamente gravosas para el erario público, barajándose un perjuicio cercano a los 10 millones de euros por cada curso escolar.
Sí se puede denuncia que dado que el grueso de las contrataciones de las líneas escolares vencían en el 2013, el Consejero tenía la oportunidad de no prorrogar los contratos y proceder a una nueva licitación del servicio, eliminando aquellas clausulas que motivaban ese desequilibrio económico tan perjudicial para la Administración además de permitir adecuar las necesidades del transporte escolar a la realidad del mapa escolar actual.
Sin embargo, añade la nota de prensa de los ecosocialistas que, aun cuando no se han firmado las prórrogas parece deducirse que la decisión de la Consejería de Educación ha sido prorrogar el servicio por cuatro años más, dado que el plazo de estos contratos ya ha finalizado y no se han iniciado los trámites para la licitación de este servicio, con lo que estas prórrogas se pretenderán vender como inexorables y por causa de fuerza mayor, ha denunciado Sí se puede.
Esta decisión contradice abiertamente el criterio de los técnicos de la administración y supone ahondar en un monumental fraude que se arrastra en este servicio desde la etapa en que Coalición Canaria estaba al frente del área de educación. La formación de izquierdas afirma que los responsables políticos “saben perfectamente que prorrogar estos contratos supone continuar con este desfalco a las arcas públicas tal y como se informó desde los servicios jurídicos de la comunidad autónoma que le indicaron que la prórroga invalidaría cualquier posibilidad de modificar aquellos elementos considerados lesivos para el interés de la Administración, tanto económicos como técnicos”.
Para Sí se puede es una exigencia básica denunciar este fraude y reorientar los 10 millones que se ahorraría la Consejería de Educación a auténticas necesidades en esta área como son la contratación de profesorado o becas de estudiantes, entre otros.
