Según el VIII Dictamen emitido por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, más de la mitad de la población canaria reconocida como dependiente permanece a la espera del servicio o prestación que la Ley le reconoce como derecho. Conchi Pérez, componente de la Comisión de Acción Social de Sí se puede, quiere recordar que, a casi cinco años de aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (14 de diciembre de 2006), Canarias sigue a la cola en la aplicación de las medidas que permitirían su desarrollo.
La portavoz ecosocialista asegura que existe un retraso muy importante en las resoluciones PIA (Programa Individual de Atención), estando paralizada la creación de nuevas plazas residenciales y de centros de día, lo cual impide dar respuesta a las personas que necesitan esos servicios. Por otra parte, servicios que también contempla la Ley como los de Atención Domiciliaria, Teleasistencia, Prevención de las situaciones de dependencia y Promoción de la autonomía personal, no se han hecho efectivos.
En opinión de la formación de izquierdas, Canarias cuenta con la peor aplicación del Estado de la ley. Esta situación es especialmente grave ya que se genera una clara desigualdad entre las prestaciones que pueden recibir las personas en función de la Comunidad autónoma en la que vivan. Conchi Pérez recuerda que las partidas públicas destinadas a la dependencia provienen en buena parte de fondos estatales y que “si ese dinero no se emplea, se pierde”. En este sentido la portavoz de Sí se puede afirma que el Estado castiga a las comunidades que no gastan la aportación estatal, bajándoles la misma al año siguiente.
Desde Sí se puede consideran que en Canarias “se está perdiendo un tiempo vital para mejorar las condiciones de vida de las miles de personas dependientes de las Islas”. Pérez igualmente cree que se está desaprovechando la oportunidad de generar numerosos puestos de trabajo vinculados a los servicios que contempla la Ley.
Los ecosocialistas exigen que “de forma inmediata se proceda al desarrollo de todas las prestaciones y servicios que recoge la Ley como garantía para mejorar la calidad de vida de muchas personas dependientes y de sus familiares”. Conchi Pérez afirma que se debe dar una respuesta urgente en las Islas para las personas dependientes, que permita una atención sin retrasos en los procedimientos y un acceso efectivo a todos los servicios, tanto para las personas que pueden y quieren continuar en su domicilio (atención domiciliaria, teleasistencia, centro de día y de noche), como para las que necesitan atención residencial.
