La organización ecosocialista promueve mociones en distintos ayuntamientos de las Islas para impulsar un debate local sobre la iniciativa legislativa del Gobierno de Canarias
Sí se puede propone cambiar el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias y, con este fin, promueve mociones en distintos ayuntamientos de Canarias a través de sus grupos municipales para impulsar un debate local sobre esta iniciativa legislativa del Gobierno de Canarias con la que prevé derogar la vigente Ley 9/1987 de 28 de abril.
“Es importante que la nueva norma sea un instrumento para desarrollar y consolidar un sistema que garantice los derechos de toda la ciudadanía frente a la precariedad en que se encuentra actualmente, manifiesta la portavoz de la Comisión de Derechos Sociales de Sí se puede Asun Frías, también concejala en el Ayuntamiento de Santa Cruz.
La ley que se va a derogar representó un gran avance en su momento, aunque, al no contar con el desarrollo reglamentario correspondiente, dejó situada a Canarias en los últimos puestos en Servicios Sociales del Estado”, manifiesta la portavoz recordando los diferentes informes de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Sí se puede considera que el anteproyecto “contiene errores conceptuales, es ambiguo, contradictorio y deja demasiados aspectos en el aire”, apunta el texto base de la moción que presentan los grupos municipales ecosocialistas en los ayuntamientos donde están presentes. El objetivo esencial de los contenidos que plantea la organización ecosocialista es “dejar meridianamente claro que los Servicios Sociales van a tener un carácter público, universal y gratuito”.
La moción ya fue aprobada por unanimidad con algunas enmiendas en el Ayuntamiento de Tegueste en el pleno celebrado este martes, mientras que la propia Frías será la encargada de defender por parte de Sí se puede la propuesta este viernes, en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde la moción es firmada de forma conjunta con Izquierda Unida Canaria (IUC).
La propuesta contempla que se dote a todo el Estado de un marco único en el que se introduzca el derecho a los Servicios Sociales como derecho subjetivo en una futura reforma constitucional. Igualmente, como actuaciones de ámbito estatal, se plantea que los ayuntamientos insten al gobierno central a derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, “como vía necesaria para poder cumplir los compromisos de cumplimiento de derechos que adquiere la Ley Canaria de Servicios Sociales”, además de cambiar el artículo 135 de la Constitución, que antepone el pago de la deuda a bancos y empresa privadas a las necesidades de la ciudadanía, en una futura reforma constitucional.
Como exigencias al Gobierno y al Parlamento de Canarias, la moción plantea que la Ley de Servicios Sociales incluya la obligatoriedad de prestar los servicios básicos directamente desde el sector público y que se garantice su financiación; así como la definición de la Cartera de Servicios en el plazo de un año tras la aprobación de la ley, y que cuente con una ficha financiera que garantice los servicios.
Otro punto esencial consiste en garantizar el acceso universal como uno de los principios orientadores de la ley y del sistema de Servicios Sociales. Por tanto, el acceso a los servicios no debe estar sujeto a participación económica de los/las usuarios/as, lo que elimina el copago de los servicios por parte de la ciudadanía.
La moción incluye la exhortación al Gobierno y al Parlamento de Canarias para incluir en la ley fórmulas que faciliten el retorno al ámbito público de servicios que hayan sido concertados en el pasado, así como de los recursos financiados por el sector público o entorno social y que han generado lucro, en vez de beneficio social.
Finalmente, concluye con el establecimiento de ratios de, al menos, una trabajadora social por cada 3000 personas en los Servicios Sociales comunitarios o de Atención Primaria, así como garantizar equipos interdisciplinares, y con la promoción de la participación de las personas usuarias de los Servicios Sociales.
