En el marco de un año que ha sido –y es posible que siga siendo- intensamente electoral, consideramos importante hacer un llamamiento sobre el compromiso con una democracia paritaria.
Resulta sin duda un importante logro, del que nos sentimos partícipes, los avances en la representación paritaria de hombres y mujeres en las instituciones canarias y en el Parlamento español. Así, en los municipios canarios se ha pasado de un total de 546 mujeres concejalas a 577, que equivalen a casi un 42% de total de estos cargos municipales. En los Cabildos, el peso de las mujeres consejeras se ha visto reducido, de un 40,8% a un 37%, con un total de 56 mujeres consejeras para esta legislatura (que nos retrotae a la situación del año 2007). En el Parlamento de Canarias se ha producido el avance más significativo, pasando las mujeres de un 36,7% a un 53,3% del total de miembros del Pleno. Y en el Parlamento español, tanto en el Congreso (138 mujeres) como en el Senado (104 mujeres) se ha alcanzado algo más del 39% de presencia de mujeres por vez primera en la historia.
Sin embargo, la paridad desaparece cuando nos situamos en los órganos que presiden estas instituciones: de un total de 88 ayuntamientos, sólo hay 18 mujeres alcaldesas en Canarias (20,4%), y sólo contamos con una mujer presidenta de un Cabildo (El Hierro), siendo hombres el presidente del gobierno canario, así como todos los candidatos a la presidencia del gobierno español en el último proceso electoral. Estos datos apuntan a que, si bien se avanza en una distribución más igualitaria de las listas electorales, no sucede lo mismo en la cuestión de los liderazgos políticos, de los cuales las mujeres siguen estando prácticamente excluidas. Este déficit del liderazgo femenino dificulta la existencia de referentes y modelos que animen a otras mujeres a sumarse a estas funciones en la vida política, económica y social.
Pero un compromiso con la democracia paritaria no puede reducirse sólo a los repartos de las presencias institucionales. Esta desigual participación en los ámbitos de la toma de decisiones de la política no es un producto de decisiones individuales, sino que realmente evidencia la condición aún subordinada de las mujeres, sus desventajas y las prácticas no formales de discriminación que siguen existiendo en la política y en la vida social, laboral y económica, que sí que son sistemáticas y estructurales y permiten comprender la persistente desigualdad y los límites de la ciudadanía de las mujeres.
El sufragio universal no ha logrado eliminar el carácter “masculino” de las instituciones. Queda aún por establecerse modelos de participación que amplíen los contornos de la ciudadanía, que integren las experiencias, las condiciones y las necesidades de quienes han vivido una ciudadanía limitada y excluyente. El pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres tiene también un carácter social, requiere la modificación de normas, valores y roles de género, en un proceso de construcción de una nueva cultura política que incorpore la transformación tanto de la esfera pública como del espacio privado-doméstico: no habrá paridad si no se garantiza el equilibrio de responsabilidades entre mujeres y hombres en ambas esferas, incluyendo la corresponsabilidad en la crianza y cuidado de hijas e hijos y de personas en situación de dependencia, así como en el trabajo doméstico.
Desde este compromiso radical con la paridad, denunciamos los retrocesos evidentes que se encuentran latentes en las propuestas que estamos conociendo para un gobierno entre los partidos PSOE y Ciudadanos, tanto en materia de conciliación como en el campo de la violencia de género, a la que se intenta confundir con la denominada “violencia intrafamiliar”. No menos graves pueden ser las medidas económicas, sociales, laborales, educativas y en el terreno de las libertades de expresión y manifestación, incumpliendo las promesas electorales del PSOE, que ofrecía la derogación de las leyes impuestas por el PP en esta legislatura que han supuesto sustanciales recortes en los derechos de las mujeres: la reforma del mercado laboral, la LOMCE, la ley Mordaza, la reforma de la ley del aborto,… por no mencionar la parálisis de la ley de la Dependencia, el copago farmacéutico, o la reforma de las administraciones locales.
Estas medidas llevan a la continuidad de grandísimas injusticias con las mujeres en nuestra tierra, que sustentan nuestra exigencia de más políticas para las mujeres:
– Una situación muy generalizada de precariedad laboral de las mujeres: situaciones de sobreexplotación en sectores centrales de nuestra economía como el turismo, tal como han puesto en evidencia las trabajadoras de la hostelería conocidas como camareras de piso. Una tasa de desempleo próxima al 30%, que vuelve a superar a la de los hombres. Y con condiciones contractuales globalmente peores: en 2015 en Canarias, sobre las mujeres recayó el 52% de la contratación temporal y el 69% de la contratación a tiempo parcial, manteniéndose una brecha salarial media de un 24% entre ambos.
– Una precariedad también muy importante en cuanto a las necesidades derivadas de la atención a los cuidados de las personas, tanto los hijos e hijas como las personas en situación de dependencia, fruto del abandono premeditado y sistemático por parte de los gobiernos central y autonómico de los derechos asociados a la plena escolarización gratuita en la educación infantil (0-3 años) y a los cuidados. Estas políticas de austeridad, que se han cebado especialmente en el campo de los servicios sociales y los servicios públicos, afectan de forma importante a las condiciones de vida de las mujeres en una sociedad en la que todavía las labores del cuidado recaen mayoritariamente en ellas, tal como se constata en la encuesta de uso del tiempo de 2010, en la que se observa que el tiempo dedicado por las mujeres en un día promedio al hogar y la familia en Canarias era de 4 horas y 27 minutos, mientras que el de los hombres era de 2 horas y 35 minutos. La apuesta del Gobierno de Canarias en esta legislatura dando de nuevo prioridad en las políticas de empleo y de desarrollo económico a las inversiones en infraestructuras y no a la inversión en servicios asociados al cuidado de las personas constituye todo un despropósito que el movimiento feminista y los partidos comprometidos con la igualdad debemos rechazar y combatir.
– La estrategia de austeridad de los gobiernos frente a la crisis ha actuado debilitando el combate contra las violencias machistas, dado el abandono de las políticas de prevención (ausencia de educación afectivo-sexual en el sistema educativo, así como de campañas de sensibilización contra estas formas de violencia en la sociedad) y la parálisis en el desarrollo de servicios y medidas dirigidas a la protección de las víctimas.
Por todas estas razones, y muchas más, desde Sí se Puede hacemos un llamamiento a la ciudadanía a participar en las actividades que el movimiento feminista tiene previsto desarrollar en Tenerife en torno al 8 de marzo, y en particular el Martes, 8 de marzo, en la Plaza de La Candelaria (Plaza del 15M) de Santa Cruz de Tenerife: a las 18.00h PERFORMANCE, y a las 19.00 MANIFESTACIÓN hasta la Subdelegación del Gobierno.
