La tasa de riesgo de pobreza llegó en 2011 al 33% (12 puntos por encima de la media estatal) y, en el cuatrienio 2008-2012, la pobreza en Canarias experimentó un incremento del 21%, lo que nos sitúa como la comunidad autónoma que lidera el aumento registrado en esta materia entre las comunidades del país. Se extiende el número de familias que cuentan con todos miembros en desempleo y el 53% de los parados son de larga duración, que, por esta condición, han perdido o perderán en poco tiempo las prestaciones contributivas o asistencias del desempleo. En el momento que pierdan la prestación engrosarán las filas de los 125.000 parados registrados que no cobran prestación económica alguna. Frente a esta realidad, el Gobierno central impone sus políticas neoliberales por todas las rendijas del Estado del bienestar que aún sobreviven a esta demolición programada, y con especial saña reduce en Canarias el Plan Concertado de Prestaciones Básicas en más del 40%. En comandita, el Gobierno de Canarias se vanagloria de ser unas de las comunidades autónomas con menor déficit público, gracias, entre otras medidas, al tijeretazo que le han metido este año a las políticas sociales, con una reducción de 16,6 millones sobre lo presupuestado en ele 2012. Pero lo más deleznable de los responsables autonómicos es su táctica sobre la pobreza. Cuando perciben que la opinión pública se impacienta por la nula respuesta del Ejecutivo ante una situación que, de seguir así, desestructurará durante decenios a nuestro pueblo, se inventan un documento que denominan “estrategia canaria frente a la pobreza, la exclusión social y a favor del desarrollo humano”. Un documento que aniquila el plan de empleo social. Creo que es obligación de todos decirle al Gobierno de Canarias que es una inmoralidad y un insulto a nuestro pueblo utilizar ese documento estratégico.
