En marzo pasado el Servicio Canario de Salud publicó en el BOC los precios de sus prestaciones sanitarias, según dicen para concienciar a la población del coste de los servicios, y así propiciar su buen uso. La verdad es que solo se presupuesta lo que se pretende privatizar, externalizar o despiezar, y de hecho, Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de gasto sanitario dedicado al sector privado.
En materia de seguridad ciudadana encontramos mucho menos detalle en cuanto a sus costes, pero a mí me gustaría ver en el BOE ese mismo desglose según tipo de operación, en este caso policial; y no quedarnos solo con los datos de los 650.000 euros que Interior destinó a gases lacrimógenos este año; o el medio millón de euros empleados en un camión para lanzar cañonazos de agua a los ciudadanos, una adquisición justificada, según el ministro, por “la actual dinámica social”.
Por ejemplo, ¿en cuánto se presupuesta la operación policial de desahucio a una indefensa anciana de 80 años?, ¿cuánto cuesta emplazar a cientos de efectivos rodeando una concentración de indignados?, ¿cuál es el coste de expulsar violentamente de una oficina bancaria a un grupo de estafados por preferentes?, ¿cuánto cuesta evitarle el mal trago de un escrache a un ladrón de guante blanco?, ¿qué cuantía tiene una salida a la caza de grupos de inmigrantes según su color de piel, en función de los vuelos de repatriación programados?, ¿cuánto nos cuesta el acto de aplastar contra el suelo la cara de un manifestante con una bota policial?
El PP acaba de aprobar una retrógrada Ley de Seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza, en un país con bajísimos índices de criminalidad; una ley contra los derechos civiles, que criminaliza la protesta y también su difusión, imponiendo multas desproporcionadas de hasta 600.000 euros. Un gobierno ilegítimo, corrupto y autoritario intenta protegerse de las iras de una población casi tan indignada como empobrecida. ¿Cuánto cuesta dirigir la maquinaria del orden público contra el pueblo?
