A partir de entonces sumaron, a lo ya expoliado, todo lo demás.
Fíjate tú si es o no es que, según el Gobierno central, desde 1996 hasta 2015 se apuntaron a su nombre unos 34.961 bienes que ahora los particulares y las administraciones pueden reclamar si lo consideran.
Pero las asociaciones que vienen denunciando este robo consideran que es el gobierno el que debe decretar la nulidad de esos privilegios, poner el contador a cero y que los propietarios, sean particulares o públicos, presenten la certificación de sus propiedades.
Desde 1946, los obispos se han apropiado del 85 por ciento del patrimonio del Estado y reciben muchísimo dinero por ello. Pero no solo lugares de culto, también fincas, patios, costas, casas, garajes, teleclubs, plazas y kioscos.
El kiosco de la iglesia de Puerto Cabras sin ir más lejos.
Este lugar entrañable y referencia de la capital majorera, situado en la plaza del centro de la ciudad, fue apuntado a nombre de la Diócesis el 10 octubre de 1985, después de que su antiguo dueño decidiera sentar unos bloques para protegerlo mejor de algunos robos e intimidaciones y violencias de la Legión.
A partir de ahí, la Iglesia se hace con el alquiler del kiosco que, desde hace tiempo, estaba en unos 1411 euros mensuales.
Cuando llegó el momento de adaptarlo a las normas COVID, la Iglesia decidió rescindir el contrato a su actual gestor. Fue entonces cuando a algunos se nos pasó por la cabeza que, a lo mejor, esa plaza no era de la Iglesia.
Efectivamente, la plaza es otra de las inmatriculaciones referidas.
Pejines y tollos cortados finos quemaditos con alcohol, botellines, cortaditos con leche evaporada, bocadillos de mortadela, generaciones leyendo la prensa diaria, una conversación con la crema de la crema majorera, parrandas a la dulce, fresca e inolvidable sombra de un laurel de indias, un aire cálido igual que sus gentes, todo eso se lo han cargado los gestores de su religión y de semejante patrimonio.
Ahora hay que recuperarlo, pero no solo el kiosco, también la plaza. No me imagino una plaza sin pueblo. Y es el Ayuntamiento de Puerto Cabras el que debe exigir judicialmente la nulidad de aquella apropiación amparada en el artículo 206 de una ley preconstitucional que equiparaba a los obispos con fedatarios públicos.
Si el Ayuntamiento no cumple con su obligación, que es velar por el patrimonio ciudadano, habrá que personarse como particulares.
La Asociación Cultural, Recreativa y gastronómica Amigos del Kiosco intervendrá en el próximo pleno municipal majorero para exigir la restitución de la plaza al dominio público, ya que entiende que debe ser el consistorio el que determine sus usos y no el obispo.
Plazas, calles, alumbrado, limpieza, son de competencia municipal.
El alcantarillado y las cloacas, también.
