Esta sentencia pone freno a la arbitrariedad, porque uno de sus aspectos centrales hace hincapié en la distinción entre decisiones regladas y discrecionales. Y recalca, no sólo apoyado en la doctrina, sino a nuestro entender, en el sentido común, que un gobierno no puede contradecir lo que ha decidido un órgano técnico, cualificado, elegido y reglamentado ex profeso para que se salvaguarde la coherencia y rigor de ciertas decisiones. La sentencia deja entrever la forma chapucera en que se desvía el interés general, de forma además torpe, haciendo demasiado evidente los intereses que presionaban hacia tan descabellada decisión. Se llega a poner en el Decreto que la intención del Cabildo de Gran Canaria no era la protección del BIC, sino bloquear los intereses de una empresa, se llega a copiar casi literalmente algunos párrafos de las alegaciones de dicha empresa en los informes del Gobierno, se inventan (saltándose todos los procedimientos) una solución “in extremis” para desautorizar la decisión del Consejo Regional, aplicando al artículo 47 del TRLOTENC. La sentencia le dice al gobierno cómo podía sostener que el objetivo del BIC era interferir en el planeamiento, cuando ellos directamente lo suspenden sin poner en marcha la nueva ordenación, lo que ha generado una gravísima indefensión para los propietarios. Lo grave es que no hay responsabilidades e Inés Rojas y Domingo Berriel ahí andan, como si nada.
Esta sentencia deja en evidencia el proceder de algunos técnicos, que como en Tindaya, ponen y defienden ideas sin rigor y sin fundamentos históricos o científicos y que son capaces, para contentar a sus superiores, de discutir y cuestionar los argumentos de instituciones consultivas y de los mejores historiadores y científicos de estas islas, catedráticos, Premios Canarias, en su propia cara, como ocurrió en la vergonzosa e indigna Ponencia Técnica previa a la reunión de la Comisión Regional de P.H. Pero también desvela lo peligroso que es ser compañeros de viaje mal avenidos. El PSOE cuando ha sido prisionero de este gobierno (como en el caso Tindaya), ha sido coparticipe de algunas de las peores decisiones contra el interés general, como estuvo a punto de ocurrir (y felicitamos que se desmarcaran) con la Ley del Suelo. Creemos que Ángel Víctor es quien mejor puede liderar el cambio de rumbo que necesita ese partido para dar un giro progresista al devenir de estas islas, pero debe recordar que también él estuvo en ese Consejo Regional y participó de aquella triste decisión que ahora tumba el TSJC. Ahora tiene la oportunidad desde el Cabildo de llevar a buen puerto este BIC.
Esta Sentencia también reconoce la coherencia de quienes, más allá de las ideologías, son capaces de defender el interés de la sociedad. Tanto CC, como el PP han castigado duramente al archipiélago, sin embargo es justo reconocer y agradecer el empeño, y el valor de personas como J. M. Bravo de Laguna o Larry Álvarez en el tema del Oasis, lo que explica que, entre otras cosas, estén donde hoy están y tuvieran que pasar un auténtico calvario político y mediático. Hay causas que deben estar por encima del interés particular, de lo contrario no avanzaríamos como pueblo. Las organizaciones progresistas deberían tomar nota de este hecho y ahora tienen una gran oportunidad de remar juntas en este tema.
Esta sentencia anuncia una nueva etapa en la que hay que conjugar muchos intereses, algunos cuya legitimidad está más que contrastada y a los que hay que dar una respuesta justa que no provoque indefensión, pero otros que habrá que contrastar en el ámbito legal, con otras sentencias que afectan al ámbito del BIC, y por las que se podría recuperar como público un palmeral que el Ayuntamiento de San Bartolomé, desoyendo otra resolución judicial, permitió privatizar. No hay que empezar de cero, ya existe un camino recorrido donde profesionales muy cualificados han avanzado un conjunto de ideas y de propuestas encaminadas a ordenar este espacio y que pueden ser el soporte del Plan Especial que ha de surgir de la declaración del BIC. Siempre que el Gobierno no vuelva a recurrir, reafirmándose en el escándalo creado por el gobierno anterior.
A nadie se le esconde que el Oasis, símbolo de la identidad de Gran Canaria, es para unos un bien de incalculable valor colectivo y para otros un solar para hacer negocios. Para lo que sirve el BIC entre otras muchas cosas, es para seguir recuperando ese emblemático espacio, que aún atesora los elementos esenciales que le dan valor (dunas, charcas, palmeral-tarajal), no para expropiar, ni expulsar a nadie, sino para reordenar, compensar e ir liberando zonas que nunca debieron ser construidas. Como decía J. M. Márquez, artífice de este BIC, para que el territorio no solo se construya, sino se deconstruya en aquellas zonas donde jurídica, científica y técnicamente se puede recuperar su valor potencial. Algo que revalorizaría enormemente el atractivo de uno de los principales destinos de Canarias. La renovación turística no solo debería ser un “quítate tú para ponerme yo”, sino también un “quitémonos los dos por el bien común”.
Es una gran noticia para Gran Canaria y es una oportunidad para el pacto progresista del Cabildo, (hoy el principal contrapunto a las nefastas políticas del Gobierno de Canarias. El recibimiento positivo a la sentencia por los grupos políticos favorece el consenso sobre este proyecto estratégico, lo que ayudará a que las generaciones venideras puedan disfrutar del Oasis, de la belleza y la historia de este emblemático espacio natural.
