[vc_row][vc_column][vc_column_text]Asun Frías: «Hay más de mil familias esperando desde hace meses para poder solicitar la prestación»
El IMAS reconoce su incapacidad para apoyar la inclusión social vinculada a la ayuda[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Sí se puede denuncia que en Santa Cruz de Tenerife se incumple la Ley Canaria de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Los datos que el gobierno municipal ha trasladado al grupo ecosocialista en respuesta escrita a la pregunta presentada ante la Comisión de Control celebrada este jueves evidencian que “más de mil familias están esperando desde hace meses para poder solicitar la prestación”, destaca la concejala del grupo municipal Asun Frías.
Asimismo, Frías subraya que el concejal presidente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García, reconoce en su respuesta «la imposibilidad, en las condiciones actuales, de poder realizar todas las tareas de promoción e inclusión social de las personas perceptoras», que son actuaciones que obligan a la administración y están vinculadas a la concesión de la ayuda.
A juicio de la concejala, «es una falta de respeto a la inteligencia de la población chicharrera que el equipo de gobierno (CC-PP) pretenda maquillar los escandalosos datos de la lista de espera de la PCI en Santa Cruz, anunciando que 1.112 personas empezarán a ser atendidas la próxima semana sin reconocer que llevan esperando desde hace meses para que se les tramite la solicitud inicial de la PCI».
En relación con esta cifra que dimensiona el tamaño de la cola para iniciar el trámite de la PCI en el IMAS, la concejala destaca que “por cada una de las personas que esperan hay otras cuatro o cinco en su entorno dependientes de esta ayuda; la situación es muy grave, estamos hablando de miles de personas afectadas, algo que no puede disimular el grupo de gobierno con respuestas y notas de prensa que pretenden maquillar una realidad social difícil de ocultar”.
Frías recuerda que la situación es “especialmente grave” porque incumple lo señalado en el artículo 1 de la ley que regula esta ayuda, en el que se establecen como objetivos esenciales “ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la vida a quienes carecen de recursos económicos” y “apoyar la integración social mediante la realización de actividades de inserción, dirigidas a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas con dificultades de inserción social, laboral y escolar”.
Respecto al personal que está atendiendo esta situación en las Unidades de Trabajo Social (UTS), Frías destaca que el Ayuntamiento no dispone de “suficiente personal como para gestionar la tramitación de las ayudas económicas con la celeridad requerida, y menos todavía para realizar las intervenciones y los acompañamientos necesarios para promover la integración socioeducativa y sociolaboral efectiva de la población perceptora de la prestación”.
La concejala recuerda que las diez nuevas plazas de personal contratado desde febrero pasado a las que se refiere la respuesta de García se traducen en que “solamente hay una trabajadora social responsable de PCI en cada una de las UTS”. Se trata, según el concejal de siete trabajadoras sociales y tres auxiliares administrativos que no significan un refuerzo de una plantilla permanente, sino que es la contratación anual del equipo, que “en este 2017 se ha retrasado respecto al año pasado”.
La organización es partidaria de la puesta en marcha de una renta básica para la ciudadanía que incida sobre la pobreza con un enfoque basado en el reconocimiento de derechos esenciales y que suponga el abandono de las políticas de parches inspiradas en la caridad y la beneficencia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
