[vc_row][vc_column][vc_column_text]Arcila insiste en pedir la resolución del contrato con la multinacional por la gravedad de las infracciones al subcontratar servicios con empresas del grupo
Frías califica los hechos de “un robo por apropiación ilegal de dinero público”
Sí se puede anunció esta mañana en rueda de prensa la existencia de una sentencia judicial que avala su petición de resolución del contrato con Sacyr-Vallehermoso para la prestación del servicio público de agua en Santa Cruz de Tenerife a través de Emmasa y que demuestra la complacencia del alcalde José Manuel Bermúdez con la gestión irregular de la multinacional en un servicio esencial para la ciudadanía y para el propio Ayuntamiento.
El portavoz del grupo municipal ecosocialista en la capital tinerfeña, Pedro Fernández Arcila, destacó que la resolución judicial “desmonta las tesis del interventor designado por la Junta de Gobierno para evaluar la situación y de los peritos de Sacyr y Emmasa”, mientras que “avala el informe de los servicios técnicos municipales, que siempre consideraron que las subcontrataciones estaban incumpliendo el pliego de contrato. Siempre hemos subrayado esta contradicción entre ambos informes”.
Por este motivo, Sí se puede señala que “ahora que una sentencia concluyente avala el parecer de los servicios técnicos municipales, desde nuestro punto de vista, lo que procede es la resolución del contrato”, una de las dos penalizaciones que se contemplan para las irregularidades detectadas, junto al pago de 450 mil euros.
La resolución judicial “demuestra una vez más que la privatización de servicios públicos esenciales defiende los intereses de una minoría, en este caso, de una multinacional, frente a los intereses de la ciudadanía y del Ayuntamiento”, apuntó la concejala de Sí se puede Asun Frías, que calificó la situación de “robo, por la apropiación de dinero público de forma ilegal”.
Las conclusiones judiciales establecen que empresas del grupo de Sacyr-Vallehermoso han sido subcontratadas para realizar prestaciones esenciales a través de subcontrataciones, en contra de lo establecido en el pliego de contratación por el que la multinacional se hace cargo del servicio. Además, señala otro incumplimiento: empresas del grupo han sido subcontratadas para prestar labores accesorias sin ningún tipo de autorización previa por parte del ayuntamiento.
“Este ha sido el núcleo de las denuncias de Sí se puede desde el anterior mandato y han sido corroboradas por el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife”, dijo esta mañana en rueda de prensa el portavoz ecosocialista. El concejal ecosocialista destacó que el magistrado que emite la sentencia califica la situación de “vulneración muy grave”.
La sentencia fue emitida por el juzgado de la Contencioso Administrativo número 4 de la capital tinerfeña en respuesta a una demanda de Sacyr-Vallerhermoso contra la intervención de Emmasa por parte de la corporación. A pesar de que la sentencia da la razón al Ayuntamiento en este asunto, Arcila destacó el silencio del grupo de gobierno, “que entendemos, porque el magistrado establece una tesis contraria a la que el grupo de gobierno presidido por Bermúdez ha mantenido hasta ahora”.
Por estos motivos, Frías anunció la adopción de dos medidas políticas y una judicial por parte de su grupo: la petición de la elaboración de un nuevo informe por parte de una persona distinta al interventor designado anteriormente por la Junta de Gobierno –puesto que sus consideraciones han sido cuestionadas por el juez–; la incoación de nuevos expedientes a las empresas subcontratadas por Sacyr –“y que no se dejen caducar, como en otras ocasiones”–, y la entrega de la información al Juzgado de Instrucción número 2 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife, que está llevando las irregularidades de Sacyr en Santa Cruz de Tenerife en materia de gestión del servicio público de agua.
Subcontrataciones e informes contradictorios
Arcila llamó la atención sobre que la sentencia establece que se han realizado subcontrataciones con empresas del accionista dominante, Sacyr-Vallehermoso, que, además de “perturbar gravemente la relación concesional”, es una figura de contratación que “impide a otras empresas una concurrencia competitiva en las subcontrataciones, además de no haber pedido la autorización previa del Ayuntamiento”.
El portavoz destacó que la no existencia de un procedimiento competitivo para las subcontrataciones fue lo que llevó a la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas de Gran Canaria a denunciar a la empresa mixta que gestionaba el servicio público del agua en la capital grancanaria, Emalsa, al impedir que otras empresas pudieran concurrir para acceder a las subcontrataciones. La sentencia señala a SADYT –encargada de la desaladora municipal– y Santa Crucera de Aguas –responsable del mantenimiento de las redes de alcantarillado– como empresas que se han subcontratado en prestaciones esenciales, a pesar de pertenecer al grupo de Sacyr-Vallehermoso.
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