La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) afirma que, con la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para el año 2018, se confirma el carácter antisocial de las políticas del grupo de gobierno (PP-CC). La formación lamenta que, de cada cien euros que se gastará el consistorio este año, sólo dos irán destinados al área de Bienestar Social.
El portavoz de la ACP, David Hernández, denuncia que, con los 762.400 euros asignados, Bienestar Social se convierte en el área con menor dotación de las cuentas municipales, siendo superada por Urbanismo, que aumenta en más de un 500%. A su vez, señala, vuelve a quedar muy lejos de áreas como Cultura y Economía, a la que se destinan 7,8 millones de euros (es decir, diez veces más), Obras y Servicios (10 millones) o Turismo y Alcaldía (1,7 millones).
Para la formación asamblearia resulta especialmente grave que el gobierno municipal emplee más dinero en pagar el coste salarial de los concejales de gobierno y de sus seis asesores (767.184 euros) que en cubrir las necesidades sociales de toda la población portuense. “Nos gustaría que este gobierno no se protegiera tanto a sí mismo y lo hiciera más a sus vecinos y vecinas”, afirma Hernández.
A su juicio, el gobierno local de Lope Afonso “pierde una gran oportunidad de dotar con recursos apropiados a un área esencial para permitir salir de la exclusión y recuperar el bienestar a miles de personas en el municipio”. En este sentido, señala que, “pese al aumento global del presupuesto, el PP y CC vuelven a fallarle a la gente más desfavorecida de la ciudad”.
El portavoz de la Asamblea Ciudadana Portuense asegura que trabajará para revertir estos presupuestos y que a lo largo del año puedan realizarse modificaciones de crédito que permitan ampliar la partida presupuestaria destinada a Bienestar Social. En esta línea, las necesidades más importantes para la ACP son: aumentar el servicio de ayuda a domicilio, elaborar y poner en marcha un plan para desarrollar los Programas de Actividades de Inserción (PAI) de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción, llevar a cabo actuaciones de prevención en los barrios y no solo en centros educativos, aumentar las cuantías de las ayudas sociales, y dotar de ayudas individuales a las personas con discapacidad.
