[vc_row][vc_column][vc_column_text]Indica que el mecanismo del procedimiento negociado sin publicidad es un método de adjudicación de contratos que debe ser usado de forma excepcional
El portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento lagunero, Rubens Ascanio, ha mostrado su rechazo al procedimiento negociado sin publicidad acordado por la Junta de Gobierno municipal del pasado 10 de enero por el que se inicia el proceso de contratación del seguimiento de medios de comunicación con un coste total de 56.239,20 euros, en base a 28.119 euros anuales.
Ascanio recuerda que en la actualidad La Laguna cuenta con los servicios de dos empresas de seguimiento de medios, Mascanarias SLU y Metrópolis Comunicación, que cobran más de 15.000 euros anuales cada una por hacer la misma labor, recopilando diariamente las informaciones relativas al municipio que aparecen en la prensa escrita, radios , televisiones y digitales. “Preguntamos por este asunto en el último Pleno y la respuesta de la concejala responsable es que se disminuía en dos mil euros anuales el coste total de este servicio, cuando lo que se hace es pagarle a una sola empresa 28.000 euros por lo que antes nos cobraba 15.000 euros”, explica.
La formación lagunera considera que este servicio es de interés para las distintas áreas, ya que permite conocer el grado de incidencia en los medios de muchas de las iniciativas que se ponen en marcha, “pero aumentar el pago a una de estas empresas en unos 13.000 euros anuales se hace difícil de entender, más aún cuando se recurre al método del procedimiento negociado sin publicidad”.
En Unid@s se puede se recuerda que el mecanismo del procedimiento negociado sin publicidad es un método de adjudicación de contratos excepcional que solo es de aplicación en los supuestos determinados en la Ley y que, precisamente por aquella excepcionalidad, su régimen difiere de las reglas de los procedimientos abiertos y restringidos.
Rubens Ascanio explica que se trata de un mecanismo tan cuestionado que la Unión Europea ya ha advertido al Estado español que se debe regular este tipo de concursos sin publicidad, marcando un plazo hasta el 18 de abril del presente año para que el Gobierno español articule medidas que erradiquen esta práctica, ya que supone buena parte de los contratos públicos en las administraciones y fuente de multitud de irregularidades. “Defendemos que los servicios que suponen un alto coste en el monto anual para el municipio, como la compra de materiales de ferretería, sonido e iluminación, imprenta, así como los de gestión de comunicación, sean ofertados en concursos públicos abiertos y transparentes, que permitan a cualquier empresa presentarse en igualdad de condiciones, reduciendo además el desembolso actual, que excede ampliamente lo que establecen los contratos menores en su monto global y acabando con el excesivo uso discrecional de ese tipo de recursos conforme al interés político del momento”, indica.
“No nos parece que el criterio utilizado en este caso sea el del ahorro, ya que se podría haber mantenido como contrato menor uno de los dos actuales y pagaríamos 13.000 euros menos, sospechamos que se trata de premiar a una de estas empresas usando uno de los mecanismos de contratación pública menos trasparentes existentes en la actualidad”, finaliza.
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