El alcalde en funciones del Ayuntamiento de La Laguna y concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, ha remitido un oficio a Presidencia del Gobierno de España en el que solicita que la conocida como moratoria antidesahucios, cuyo plazo de aplicación finaliza el próximo 9 de agosto, se amplíe, “al menos, hasta finales del presente año, para poder disponer de alternativas habitacionales” destinadas a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad social como consecuencia de la crisis actual.
El Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptaron medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional para su aplicación tras la finalización del estado de alarma, establece cuatro tipos de medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda a través de la prórroga de la moratoria de alquileres y la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables que se aprobó mediante el Real Decreto-Ley 11/2020.
Estas medidas finalizan dentro de 14 días y, “desde los ayuntamientos, vemos con especial preocupación esta situación, debido al efecto que puede generar una vez se recupere la actividad de los juzgados y se reinicien muchos de los procedimientos judiciales paralizados”, señala Rubens Ascanio.
El también concejal de Bienestar Social explica que La Laguna afronta una situación de emergencia desde el inicio de la crisis sanitaria, a principios de 2020, y sus consecuencias socioeconómicas, a la que se ha reaccionado aumentando en un 250% los recursos alojativos municipales, incrementando las prestaciones económicas de emergencia social y la financiación de las organizaciones del tercer sector que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad social.
Pese al esfuerzo de la Administración local y de toda la sociedad lagunera, “nos preocupa seriamente que el próximo 9 de agosto decaiga el Real Decreto en los aspectos que tienen que ver con los desahucios por motivos sociales, por su grave efecto sobre numerosas familias del municipio a las que no podemos ofrecerles alternativas habitacionales”.
En este sentido, Ascanio señala que, “solo en los últimos meses, tenemos a 26 personas en lista de espera para poder acceder a alguno de los recursos alojativos municipales, que están en situación de altísima ocupación debido a la ausencia de políticas de vivienda pública en Canarias desde la anterior crisis, que nos impide ofrecer otro tipo de recursos más estables y adecuados a las necesidades de las familias”.
Además, recuerda que “217 personas se encuentran en La Laguna en situación de exclusión residencial extrema, lo que quiere decir que viven en la calle o en infraviviendas”, según los datos aportados por Cáritas Diocesana en un informe reciente, encargado por el Cabildo Insular de Tenerife.
La Laguna, con una población de algo más de 160.000 personas, según los datos del Padrón municipal, atendió con recursos alojativos de emergencia en 2020 a un total de 153 personas afectadas por situaciones vinculadas a desahucios o situación de calle. En la actualidad, los Recursos Alojativos Municipales Temporales cuentan con 60 plazas, distribuidas en 4 inmuebles y en el RAM Clemencia Hardisson, un sistema municipal destinado a las personas en riesgo o en situación de exclusión social y residencial, que incluye un completo programa de integración social y que apuesta por pequeños grupos frente al modelo de albergues.
Asimismo, dado que menos de una tercera parte de la población local ha nacido en el municipio y ante la gran movilidad intrainsular que se está produciendo para poder asumir el coste de la vivienda, Bienestar Social ha modificado también su Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas Municipales (PEM) para eliminar el requisito de antigüedad en el empadronamiento y solo se pide acreditar la residencia efectiva y el alta en el padrón municipal “para que las personas en situación de vulnerabilidad, que son las que más necesitan un apoyo público en estos difíciles momentos, no se queden sin ningún tipo de prestación social”.
Además, el Ayuntamiento de La Laguna ha acordado destinar 1,5 millones de euros del remanente de tesorería a la adquisición de propiedades para ampliar la capacidad de estos recursos, para dar una respuesta a la demanda de apoyo alojativo de personas que carecen de vivienda y que está superando la capacidad municipal, a lo que se suma la amenaza que supone el fin de la moratoria de desahucios.
Por este motivo, “solicitamos al Gobierno que se proceda a establecer las medidas necesarias para que se prolongue el efecto de paralización de los desahucios, al menos hasta finales del presente año, para poder disponer de alternativas ante esta compleja realidad”.
En este sentido, y tal y como se recoge en las medidas en materia de vivienda del Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, La Laguna solicita una nueva ampliación del plazo para solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública de vivienda; de los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria, en los mismos términos y condiciones; y, especialmente, las medidas de protección que se aprobaron para aquellas familias vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas en situación de dependencia, víctimas de violencia de género o menores de edad a cargo.
