La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado este martes la Ordenanza Reguladora de las Bases de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en régimen de concurrencia competitiva del Área de Bienestar Social, una nueva normativa que apuesta por la transparencia y la objetividad en la financiación pública de los programas y proyectos de carácter social que desarrollan las ONG y asociaciones en el municipio, una colaboración municipal que solo este año supondrá una inversión de más de 1,5 millones de euros.
La Ordenanza se elevará al Pleno para su aprobación inicial y, seguidamente, se abrirá un plazo de exposición pública para recoger las aportaciones de las entidades y de la ciudadanía, por lo que desde el Área se espera que se apruebe definitivamente a finales de año y que esta regulación pueda aplicarse ya de cara a las subvenciones de 2022.
El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, explica que “esta herramienta nos permitirá avanzar a un modelo de libre concurrencia en buena parte de las subvenciones a proyectos sociales del Área, con criterios objetivos y total transparencia, por lo que también mejora el derecho de las organizaciones a competir por estos recursos públicos y permite acompañar más a las entidades en el desarrollo de los proyectos”.
Además, recuerda que “se trata de programas que repercuten directamente en el bienestar, calidad de vida y autonomía de miles de vecinos, vecinas y familias de La Laguna, por lo que son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más equilibrada y justa. Trabajaremos para abordar el mayor número de proyectos y conseguir esa involucración, participación y colaboración de la comunidad, con profesionalidad y garantías”.
El nuevo procedimiento de libre concurrencia estará orientado a la realización de proyectos y actividades de utilidad pública o interés social, con el fin de coordinar y complementar las actuaciones y servicios que se lleven a cabo por el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida, así como para alcanzar la optimización, equilibrio y racionalización de los recursos económicos y sociales en el conjunto de esfuerzos en el campo de la Acción Social, que estarán sujetos, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Esta medida, con la que también se da cumplimiento a las recomendaciones de la Intervención municipal, implica un cambio sustancial en cuanto a las subvenciones del Área que, históricamente y en gran medida, han sido de carácter nominativo. De hecho, tal y como se recoge en la línea 1 del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones para este 2021, Bienestar Social distribuye 1.538.205,85 euros a 70 proyectos sociales asistenciales de diversas organizaciones sin ánimo de lucro y destinados a personas con discapacidad, mayores, menores, en situación de exclusión social o con patologías que requieren servicios que van más allá de la salud.
Esto representa un incremento del 12,6% respecto al año anterior para contribuir a afrontar las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia. En este sentido, Ascanio explica que se ha aumentado la dotación en aquellos programas orientados a cubrir las necesidades básicas de las personas en grave riesgo de exclusión social, con reparto de alimentos y comidas calientes, atención a las situaciones de urgencia social durante las 24 horas, asistencia a las personas sin hogar o plazas residenciales para personas mayores sin recursos, entre otros.
Además, estas entidades apoyan con recursos físicos, económicos, psicológicos, ocupacionales o formativos a personas con discapacidad o con diversas patologías, como cánceres, cardiopatías, esclerosis múltiple, fibrosis quística, diabetes, enfermedades reumáticas, párkinson y alzhéimer, además de la atención a personas sordas, con trastornos del espectro autista, síndrome de Down o TDAH, entre otras.
Más de 19 millones de presupuesto
El Área de Bienestar Social cuenta con un presupuesto global de 19.105.490,67 euros, un 6,49% más que en 2020, una apuesta municipal por los servicios sociales que se refuerza pese a la previsión de una reducción notable en los ingresos de las arcas municipales, cuantificada en unos 5 millones de euros. “El aumento presupuestario, la actualización de las ordenanzas y la incorporación de nuevo personal en el Área nos permitirán ser más efectivos en la atención que reciben los vecinos y vecinas”, manifiesta el concejal.
En este sentido, Rubens Ascanio recuerda que ya se ha actualizado la Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas Municipales (PEM) del Ayuntamiento, que regula la concesión de las ayudas sociales directas a la ciudadanía. Esta adaptación ya se ha previsto en el presupuesto del Área para el ejercicio 2021, con un aumento del 16,3% en el conjunto de líneas de ayudas para familias y personas sin recursos suficientes, que incluyen la cobertura de las necesidades alimenticias o médicas, aquellas vinculadas a la discapacidad o edad o las derivadas de contingencias extraordinarias. Como ejemplos, la cuantía para tarjetas de alimentos aumenta un 68% respecto a 2020 y la destinada a ayudas para el alquiler, un 28,5%.
Más garantías
“La actualización de esta Ordenanza, que no se había modificado desde hace más de 7 años, era una de las medidas urgentes para este mandato y más aún con la llegada de la pandemia, que nos ha obligado a centrar esfuerzos, mayor inversión presupuestaria y personal en reaccionar a una situación sanitaria que está teniendo importantes consecuencias socioeconómicas en La Laguna. Esta nueva norma municipal se adapta a esta nueva realidad, ofrece más garantías, racionaliza los requisitos para las personas solicitantes y nos permite incrementar la cuantía y la frecuencia de determinadas coberturas sociales”, explica Ascanio.
Así, el Área de Bienestar Social destinará un total de 1.888.633,60 euros a más de 20 líneas de PEM diferentes para atender situaciones de emergencia o de fuerza mayor que pueden alterar la estabilidad socioeconómica de las unidades familiares.
Las Prestaciones Económicas Municipales se clasifican en Básicas, destinadas a cubrir las necesidades en alimentación e higiene; Vivienda, para los gastos de alquiler, amortización de hipoteca, suministros básicos (agua, luz), alojamiento alternativo, mantenimiento de la vivienda habitual y permanente, eliminación de barreras arquitectónicas, pequeñas mejoras de la vivienda habitual y adquisición de enseres básicos; Sociosanitarias, para prótesis oculares, auditivas o dentales, tratamientos odontológicos, prótesis, ortesis y gastos farmacéuticos; Inserción social, para escuelas infantiles no públicas y prestaciones ocupacionales, así como otras prestaciones valoradas por la Unidad de Trabajo Social.
