Sí se puede reafirma su lucha contra la corrupción en el sur de Tenerife en el momento en que se informa del inicio del juicio oral contra el exalcalde de Granadilla Jaime González Cejas (PSOE) y seis exconcejales de su gobierno, al tiempo que pone en valor la acción de la justicia. “Aunque llegue tarde, finalmente, la justicia dará sus frutos, gracias también a la perseverancia de Sí se puede al denunciar a González Cejas por múltiples delitos vinculados con el urbanismo; es imprescindible que, a pesar del retraso, la justicia ponga fin a la impunidad”, asegura Rubén Fuentes como portavoz de la Comisión Permanente Canaria de esta organización.
Fuentes recuerda que “González Cejas representa la etapa más oscura del desarrollismo desenfrenado en el sur tinerfeño, fue el principal promotor del puerto de Granadilla y está investigado y procesado por múltiples delitos vinculados con urbanismo”. El portavoz subraya que “los gobiernos de González Cejas fueron protagonistas de una época en la que los regidores municipales gestionaban los asuntos de interés público sin conciencia, a través de empresas donde estaban concejales como administradores solidarios o empresas donde estaban familiares de políticos que decidían en las juntas de gobierno la tramitación de licencias o el impulso de los planes parciales… algo que pudimos confirmar con documentos cuando nuestro compañero Antonio Cabrera entró al gobierno local de Granadilla entre 2007 y 2011, con la intención de limpiar el municipio”.
“A Sí se puede nos cabe la satisfacción de haber dado el primer y definitivo paso para tumbar al gran cacique del sur de la Isla que ha sido Jaime González Cejas; para nuestra organización, ha sido un placer llevarlo a él y sus concejales al banquillo y, también, el haber conseguido su dimisión y retirada de la política desde 2017, debido a la presión política ejercida a raíz de este proceso judicial. Nos alienta uno de los objetivos fundacionales de nuestro proyecto político: la regeneración de la vida democrática y batallar por la honradez de quienes llegan a las instituciones; es preciso sacar de ellas a quienes utilizan los recursos públicos para beneficio privado y hacer transparentes las administraciones, que deben funcionar al servicio de los intereses generales”, enfatiza Fuentes.
Esta es la reacción de Sí se puede a la información desvelada por Mírame TV, en la que se da cuenta de la decisión de la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Granadilla de desbloquear dos de las cinco piezas separadas que integran un caso basado en denuncias presentadas por Sí se puede hace 14 años, en 2007.
A juicio de la organización, “los hechos son incontestables, no tienen vuelta de hoja; estamos preparados hace años para el inicio del juicio oral”, añade el portavoz en referencia a los distintos avatares y enormes dificultades para que el proceso llegase finalmente a la fase definitiva en la sala, después de que la macrocausa –la segunda en volumen después del Caso Arona– fuera dividida en cinco piezas separadas, sobreseída provisionalmente y reactivada “gracias a la acusación popular que ejerce Sí se puede, cuyos argumentos fueron tomados en cuenta por la Audiencia Provincial para reabrir el caso”.
La organización pide penas que suman los 57 años de prisión para todos los procesados por presunta malversación y tráfico de influencias en el caso de la pieza 3, que afecta a González Cejas y seis de sus concejales, por la recalificación –de rural a urbanizable– del suelo propiedad de la sociedad Médano Beach Sur SA –que contaba con Cejas como accionista–, al aprobarse el plan parcial Médano Park por decreto del alcalde, sin tener competencias para ello; tras el cambio del uso del suelo, Cejas vendería sus 440 acciones a la empresa Vimédano SL por 220.000 euros, multiplicando así por 17 el precio inicial de su propiedad, tasada en 13.222 euros.
La imputación a los concejales está relacionada con su papel en el pleno en el que los acusados aprobaron que el ayuntamiento fuera compensado en metálico por la empresa que urbanizaría estos terrenos, en lugar de con la cesión de unos terrenos establecida inicialmente. Un informe pericial realizado en la fase de instrucción del caso reveló que esta compensación económica supuso para la corporación una pérdida de 850.651 euros.
La pieza número 4 procesa al exconcejal del PSOE Nicolás Jorge –que actualmente ejerce labores de coordinación en el gabinete del alcalde de Arona, José Julián Mena–, por la adjudicación de la instalación de la infraestructura necesaria para la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Granadilla de Abona. El concejal procesado dio en diciembre 2016 la conformidad a la factura presentada por la empresa concesionaria, Handy Men SL, por un total de 109.602 euros, a pesar de que el presupuesto presentado inicialmente fue de 88.817 euros y fue el escogido por el pleno en enero de ese año por ser el más bajo de los presentados.
