Sí se puede exige a la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, que cumpla el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 2017 en rechazo al tren del sur. Mayca Coello, concejala portavoz del grupo de esta organización en la corporación, recuerda que “el pleno decidió reclamar al Cabildo de Tenerife la paralización de un proyecto basado en previsiones irreales, que además es inviable desde el punto de vista ambiental, territorial, económico y social”.
El acuerdo alcanzado en octubre de 2017 a iniciativa de Sí se puede y con apoyo del grupo socialista, encabezado entonces también por Mari Brito, además de instar al Cabildo a paralizar el proyecto del tren del sur, establecía destinar los recursos disponibles para este plan a garantizar infraestructuras realmente prioritarias para la ciudadanía, como las sociosanitarias, de saneamiento y depuración de aguas residuales y educativas. El último punto del acuerdo contemplaba que el Ayuntamiento remitiese esa moción a otros municipios del sur de la Isla afectados por el proyecto.
“Si ya entonces planteábamos la urgencia de las inversiones no especulativas ni potenciadoras de un modelo productivo depredador del territorio, la pandemia sitúa como prioridad inequívoca la atención a las necesidades socioeconómicas”, subraya Coello, quien llama la atención sobre el derroche que significa gastar en un proyecto insostenible, en el que solo el coste de un billete de ida al sur desde Santa Cruz sería imposible de asumir por una hipotética persona usuaria habitual, que se trasladara por trabajo, salvo que el Cabildo u otra institución bonificara el injustificable sobrecoste.
La concejala destaca que “buena parte de los terrenos que se expropiarían para ejecutar esta obra se encuentran en el Valle de Güímar”. En Candelaria, este plan incluye 174 propiedades, de las que 18 serían expropiadas para la construcción del intercambiador, que se prevé instalar en el hueco dejado por la antigua cantera de extracción de áridos, propiedad de Promotora Puntalarga. Igualmente, en este municipio, en el tramo 3 del proyecto, numerosas propiedades –incluidas primeras viviendas en las zonas de Guaja, Brillasol, La Palma, Los Guirres, Cementerio…– están amenazadas de expropiación para ubicar las vías del tren o quedarían afectadas por su zona de servidumbre. La afección alcanza también a 10 viviendas en Arafo y 167 en Güímar.
La concejala asegura que “hay un discurso engañoso sobre la supuesta sostenibilidad del tren, basada simplemente en que pudiera funcionar con energía procedente de fuentes renovables; se olvidan de que estamos en una isla y plantean una infraestructura continental. La UE podría financiar otro tipo de infraestructuras, dentro de un modelo acorde con los objetivos de desarrollo sostenible y no megalómanas y obsoletas, como presenta esta propuesta”.
Coello destaca también que las pocas estaciones previstas tendrían un efecto disuasorio que inhibiría el uso de un tren que, en su máxima capacidad, solo captaría al 9,7% de las personas usuarias potenciales. “Con las infraestructuras no nos podemos permitir seguir dando bandazos y despilfarrando dinero público solo con el argumento de que la UE tiene fondos disponibles. El objetivo no es hacer por hacer y cortar cintas de obras faraónicas, sino optimizar el empleo del dinero público y fijar las prioridades a partir de análisis profundos y consensuados para el futuro en cada una de las realidades insulares”, puntualiza.
La concejala de Sí se puede señala la contradicción en la que cae el PSOE en estos momentos cuando destaca que, “tres años después del acuerdo plenario de Candelaria, y de pronunciamientos contrarios a nivel insular, de nuevo, se le da oxígeno al proyecto de los trenes para que los financie el Programa Conecta de la Unión Europea sin un cuestionamiento crítico sobre si esta es una verdadera solución para la mejora de la movilidad en la Isla y, lo que aún es más llamativo, esto ocurre con un Gobierno de Canarias presidido por un socialista, que con esta apuesta no consigue diferenciar realmente sus políticas ambientales y territoriales de las de sus antecesores durante décadas en el gobierno de las instituciones canarias. No es posible hablar de transición ecológica y agenda 2030 por un lado, y propiciar proyectos aberrantes desde el punto de vista de la sostenibilidad como estos trenes, por otro”.
