Sí se puede ha pedido en la mañana de este miércoles al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), el cese inmediato y la apertura de un expediente sancionador al subcomisario Blas Hernández Suárez, por sus arengas políticas continuadas contra Podemos en las dependencias de la Policía Municipal de Santa Cruz y dirigidas a distintos grupos de empleados públicos de este cuerpo, tal como se han conocido a través de varios medios de comunicación local con grabaciones de veracidad comprobada.
“Consideramos inadmisible la arenga contra Podemos por parte del subcomisario de la policía local y defendemos que en una institución democrática como el Ayuntamiento de Santa Cruz no puede mantenerse en el cargo a un superior que se dirige a un nutrido número de policías locales bajo su mando, exhortándolos a que no apoyen a una determinada formación política”, ha declarado el portavoz de Sí se puede en el ayuntamiento capitalino, Pedro Fernández Arcila.
Además, el documento presentado por el grupo ecosocialista en el ayuntamiento de la capital tinerfeña reclama al alcalde que exija a la primera teniente de alcalde, concejala de Seguridad Ciudadana, Zaida Candelaria González (PP) una rectificación pública de sus declaraciones en las que justifica las ilegalidades cometidas por el subcomisario ya que, al tratarse de unos hechos cometidos por un empleado público en el ámbito laboral, deben calificarse de “falta muy grave”. Las palabras de González, a juicio de Arcila son una expresión más “de la deriva antidemocrática del PP”.
El documento presentado por la organización ecosocialista ante el registro municipal en la mañana de este miércoles indica al alcalde Bermúdez que los indicios de los hechos protagonizados por el subcomisario violan el principio de “imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito”, tal como establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Además, la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias tipifica las faltas en las que incurren “los policías locales que induzcan a otros a cometer actos o tener conductas constitutivas de falta disciplinaria” y pena actos como el comportamiento del subcomisario con las sanciones de separación del servicio o suspensión de funciones de tres a seis años.
En el caso de que el alcalde no tome medidas ante estos graves hechos, Sí se puede emprenderá otro tipo de acciones para que se cumpla con la legalidad vigente y, en particular, con el artículo 9.2 de la Constitución, que señala que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».
