Los concejales de Sí se puede y Socialistas por Tenerife-Equo en el Ayuntamiento de La Laguna, Juan Miguel Mena y Nacho Viciana han presentado alegaciones ante la aprobación de la ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de las Edificaciones (ITE), que afecta a los edificios de más de 25 años que tengan más de tres plantas o se destine a un uso diferente del de vivienda.
Mena y Viciana destacan que el primer disparate que contiene la mencionada ordenanza es que obliga a pasar esta inspección con anterioridad al 1 de julio de 2013, fecha en la que aún no ha entrado en vigor, con la particularidad de que hay previstas sanciones en el caso contrario, “algo inexplicable puesto que el día 1 de julio no había norma que obligara y sin embargo cuando se apruebe se podría sancionar por no haber hecho algo que no había obligación de hacer. Esto hay que corregirlo porque las normas no pueden imponer sanciones con carácter retroactivo”.
Los concejales coinciden con el Gobierno municipal en la necesidad de que exista una ordenanza que regule la Inspección Técnica de las Edificaciones, pero añaden que se debe tener en cuenta la situación económica actual que padecen las familias laguneras para que esta ordenanza no se convierta en una herramienta recaudatoria más para sus castigadas economías, de manera que proponen que la entrada en vigor de esta ordenanza, al menos de los efectos económicos más perjudiciales, se retrase hasta julio de 2014.
Además destacan que la redacción en lo concerniente a infracciones y sanciones es manifiestamente mejorable. Está desordenada y no establece la graduación de agravantes o atenuantes a las sanciones básicas, por lo que es necesaria una nueva redacción con un orden lógico.
Las cuantías de las sanciones son desproporcionadas y no escalonadas, incumpliendo el principio de proporcionalidad y dejando entrever un “tufillo a afán recaudatorio”.
La ordenanza parece distinguir entre si la edificación está dentro del Casco o catalogada, o bien fuera de estos casos: para las edificaciones normales las sanciones van de 600 a 1.500 euros, salvo que subsanen a primer requerimiento, que se queda de 60 a 599 euros; para el Casco y BIC, las sanciones van de 1.501 a 3.000 euros y si subsanan de 60 a 599 euros.
Lo normal sería establecer cuáles son las infracciones leves y empezar sancionando por los 60 euros que dice el PIOT, y hacer luego lo mismo con las infracciones graves y las muy graves, estableciendo las cuantías correspondientes de éstas sanciones.
Finalmente, el artículo 6.3 recoge que las infracciones leves prescriben al año, las graves a los dos años y las muy graves a los cuatro años. Sin embargo la Ley 30/92 de Administraciones Públicas fija los plazos de prescripción para las leves en seis meses, las graves en dos años y las muy graves en tres años, por lo que es necesario adaptar la ordenanza a esta Ley.
