El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó hoy, viernes, por unanimidad las dos mociones presentadas por los concejales de Sí se puede, relativas al desarrollo de un Plan Municipal de Accesibilidad y a la declaración de urgencia de las obras de la escollera de San Andrés.
Sobre este último punto, los portavoces de los grupos municipales felicitaron a los concejales de Sí se puede, Asunción Frías y Pedro Fernández Arcila, por haber logrado con esta moción un acuerdo institucional, por primera vez en el Ayuntamiento, sobre la necesidad de resolver definitivamente el problema de los embates del mar sobre el pueblo pesquero de San Andrés.
Al respecto, Arcila recordó que se trata de una demanda histórica de ese pueblo que “lleva mucho tiempo en las hemerotecas”, pero que sigue sin solución. Asimismo, tras el pleno se felicitó por las palabras del primer teniente de alcalde, Julio Pérez, que durante la sesión dijo que el actual grupo de gobierno ha establecido “una nueva posición política” en relación con este asunto respecto a los anteriores equipos municipales. Arcila dijo que su formación se mantendrá vigilante para que esa nueva posición anunciada por Pérez “no se quede en palabras”.
La moción aprobada hoy contempla dirigirse a las administraciones competentes para que declaren de urgencia las obras de ejecución de una escollera semisumergida. También se pide al alcalde que a la mayor brevedad traslade a los responsables del proyecto la imperiosa necesidad de acometer sin demora los trabajos.
Por otra parte, el pleno también aprobó por unanimidad una moción de Sí se puede relativa a la elaboración de un Plan Municipal de Accesibilidad que cuente con la participación ciudadana y que contenga medidas de creación de empleo en este ámbito.
El acuerdo contempla asimismo el inicio por la vía de urgencia las obras públicas dirigidas a la eliminación de barreras. En la citada moción, Frías recuerda que el Ayuntamiento lleva 14 años incumpliendo la Ley Canaria de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, de 1995, que establecía un plazo de dos años para la elaboración de planes de actuación por parte de las administraciones públicas para la adaptación de los espacios libres, edificaciones, transportes y comunicaciones.
