Si el plan de Clavijo se aprueba finalmente tendrá la ilegitimidad de origen de un Parlamento de Canarias configurado con una ley electoral injusta
La organización ecosocialista anima a la ciudadanía a participar activamente en la manifestación convocada en Tenerife este sábado 26 de noviembre
Sí se puede rechaza el proyecto de Ley del Suelo que impulsa el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por abrir el territorio de las Islas a los grandes capitales especulativos. “Si el plan de Clavijo se aprueba finalmente, tendrá la misma ilegitimidad que afecta al Parlamento de Canarias, que cuenta con una composición no representativa de la realidad del Archipiélago, debido a la aplicación de una ley electoral injusta”, asegura el portavoz de Sí se puede en materia medioambinetal, José María Fernández-Palacios.
“La razón de fondo para promover esta ley, darle tanta prioridad y tanta urgencia, por encima de muchos problemas sociales muy graves que padece nuestra tierra, es desbrozarle el terreno a los grandes capitales con vocación especulativa, que están acechando mientras su medianero Clavijo, les hace el trabajo sucio”, manifiesta Fernández-Palacios.
La Ley del Suelo tiene una gran trascendencia para todo el Archipiélago porque sobre este instrumento jurídico se asienta un concepto del modelo de desarrollo económico y social que va a condicionar la forma de vida de toda la comunidad en las próximas décadas. Por estos motivos, la organización ecosocialista anima a la ciudadanía a participar activamente en la manifestación convocada en Tenerife este sábado 26 de noviembre, que parte de la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife a las 11.00 horas.
Al tiempo que el proyecto de ley cumple este su objetivo esencial, la iniciativa legislativa de Clavijo aspira a “destrabar mecanismos para aliviar la situación de quienes vulneraron la legislación y practicaron de manera flagrante la corrupción urbanística en casos que en estos momentos que se juzgan ahora o han sido juzgados recientemente por los tribunales, como los casos Arona, Varadero, Las Teresitas o Riquel, entre otros”, apunta el portavoz. “Si el plan de Coalición Canaria para el territorio de las Islas acaba aprobado, personas que fueron o son juzgadas por corrupción urbanística quedarán travestidas de gente de buena voluntad, que sólo intentaba agilizar las cosas”.
La Ley del Suelo que pretende imponer el presidente canario rompe con el modelo de uso del suelo impulsado en 1987 por el Pacto de Progreso, que basó su legislación en tres principios: la protección del suelo rústico, la eliminación de las tentaciones de municipios sobre usos diferenciados del territorio, y la defensa de los espacios naturales. “Aunque el desarrollo normativo estableció filtros que hasta ahora persuadían de cometer desmanes sobre el territorio insular a agentes técnicos y políticos –que habitualmente actuaban en colaboración con grandes empresarios–, la propuesta de la Ley del Suelo de Clavijo pretende legalizar todas las prácticas irregulares y tropelías que durante los últimos años han querido implantar por la vía de los hechos un reducido grupo de empresarios y sus embajadores políticos”, sentencia Fernández-Palacios.
El Gobierno de Canarias ha intentado promover este proyecto de ley ante la opinión pública con la excusa de que pretende resolver problemas como el exceso de burocracia que pone pegas a los productores agrícolas en determinadas iniciativas de impacto menor sobre el suelo rústico. Estos problemas son ciertos, pero podrían resolverse con otras medidas razonables que tendrían el apoyo político y social.
Debate insuficiente e ilegítimo
“La discusión en torno al modelo de desarrollo que supone la Ley del Suelo no debe quedarse enclaustrada en las paredes del Parlamento–manifiesta Fernández-Palacios–: en Canarias debía haberse hecho como en Euskadi y Cataluña, donde este asunto se ha discutido colectivamente”.
El modelo de desarrollo económico y social para las próximas décadas es tan impactante para toda la comunidad que debe discurse colectivamente, en un proceso en el que tienen que participar los sindicatos, organizaciones ecologistas, sociales y culturales, partidos políticos extraparlamentarios, profesionales de sectores implicados en la conservación del territorio y juristas, entre otros; pero, especialmente, debe participar la ciudadanía convocada con este fin y preparada como opinión pública consciente de todas las opciones.
Si finalmente el Parlamento de Canarias acaba aprobando la ley tal como está prevista, “la Ley del Suelo nace con un grave error de origen: no tendrá legitimidad, porque los grupos mayoritarios que la apoyan son el resultado de una ley electoral injusta, que multiplica su apoyo electoral cada vez más menguado”, apunta el portavoz, quien subraya que, en caso de aprobarse la ley, “este desmán lo corregirá la ciudadanía canaria, cuando su fuerza organizada siga creciendo y alcance suficiente mayoría institucional”.
