Sí se puede lamenta la durísima sentencia del Tribunal Supremo español por la que se condena a los líderes del Procés catalán a altísimas penas de prisión a pesar de reconocerse en ese mismo dictamen que la movilización del 1 de octubre de 2017 para realizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña no constituyó un golpe de Estado ni una rebelión violenta y pese a identificar explícitamente el carácter pacificista del proceso político catalán y de sus caras más visibles.
A juicio de la organización ecosocialista canaria, la sentencia aplica las penas más altas al establecer la comisión de un delito, el de sedición, que tiene un origen autoritario y casi medieval. En cualquier caso, la decisión del tribunal, según Sí se puede, no soluciona ninguno de los problemas que condujeron al 1-O de 2017 ni los generados por la violenta represión desatada por el gobierno español, presidido entonces por Mariano Rajoy, la detención injusta de distintos miembros del gobierno de la Generalitat, el Parlamento, partidos políticos y organizaciones sociales.
Al contrario, Sí se puede considera que la aplicación de la pena máxima incrementa la brecha existente y ampliada por errores políticos sucesivos, entre ellos, el más grave después de las detenciones, la aplicación del artículo 155 de la Constitución para la suspensión de la autonomía, que vuelve a invocarse irresponsablemente por distintos partidos estatales como reclamo en pleno proceso preelectoral.
En este sentido, y en relación a Cataluña, el partido canario pide un esfuerzo para retomar la senda de la política y del diálogo, únicas vías adecuadas si se pretende abordar con altura de miras y con sentido de la responsabilidad la crisis abierta ante el desafío que supone la determinación de un pueblo a expresar su decisión y a expresarse democráticamente.
Asimismo, a raíz de esta sentencia, Sí se puede muestra su preocupación por la evidente deriva autoritaria frente a la protesta y la disidencia política, tal como se desprende del abordaje de la cuestión nacional catalana desde el ámbito judicial y de la decisión del Tribunal Supremo.
A juicio de Sí se puede, la incapacidad de los partidos estatales de responder al deseo del pueblo catalán con una disposición de diálogo democrático ha puesto en crisis el régimen constituido en 1978 y la única salida es abrir un diálogo más amplio para repensar en qué términos y condiciones se establece la convivencia, que no puede asentarse en el desconocimiento del derecho a decidir de los pueblos que conforman el Estado español ni sobre la negación del derecho a la protesta, que siempre en democracia es un bien superior.
