Sí se puede exige una reacción inequívoca del gobierno en defensa de la libertad de expresión. La organización ecosocialista canaria, además, reclama el indulto para el rapero Pablo Hasél, que debe darse cuanto antes y antes de que concluya el urgente cambio legal preciso para que el disfrute y ejercicio de este derecho fundamental por parte de la ciudadanía quede garantizado en los hechos y no solo en un enunciado fallido de la Constitución.
La organización ecosocialista canaria vuelve a exigir la renuncia de Fernando Grande-Marlaska, al sumar las desproporcionadas actuaciones policiales recientes a sus críticas por su nefasta gestión al frente del Ministerio del Interior. Cabe recordar que Sí se puede ya ha reclamado dos veces esta dimisión o cese en menos de un año, debido a las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes que llegan a Canarias.
El partido canario exige al gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos un compromiso inequívoco con los derechos y libertades. Si se puede destaca que, desde los últimos años de los gobiernos de Mariano Rajoy, denunció en varias ocasiones la deriva autoritaria impulsada desde el gobierno estatal, una situación que continúa en la misma línea bajo el gobierno de Sánchez e Iglesias, según indican los hechos.
A juicio de Sí se puede, el gobierno estatal tiene que decidir en dónde se sitúa ante esta crisis. En este sentido, la organización canaria apunta a la necesidad de derogar la Ley Mordaza y todos los artículos del Código Penal que vulneran el artículo 20 de la Constitución para que los tribunales no vuelvan a caer en aplicar un código penal obsoleto, con contenidos elaborados por la dictadura franquista y que ha llevado a cerca de 150 artistas, raperos, tuiteros, periodistas y activistas a ser condenados por delitos de opinión.
El partido canario considera que, en el debate social por la situación creada a raíz de la detención de Hasél y de las actuaciones policiales, no cabe entrar en discusiones en torno a si se está o no de acuerdo con los textos y postulados de Hasél y a si se está de acuerdo o no con la violencia callejera, porque la libertad de expresión debe amparar las opiniones y porque un gobierno democrático tiene que tener la capacidad y las herramientas suficientes para evitar que la reacción al desarrollo de acciones violentas por parte de grupos que no representan a toda la ciudadanía se convierta en la excusa para justificar la violencia indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad contra la población en general.
El partido canario achaca la prisión de Pablo Hasél y la brutalidad policial a las carencias democráticas derivadas de una transición insuficiente, que no rompió con la dictadura, que no renovó los efectivos ni los mandos ni las prácticas ni los fundamentos ideológicos de las fuerzas represivas del franquismo. A más de 45 años de la muerte del dictador, la tarea de poner al Estado español al día en derechos democráticos es una tarea impostergable.
