Sí se puede exige a los gobiernos estatal y de Canarias acciones contundentes e inequívocas en rechazo a la apropiación marroquí de las aguas saharauis, según el decreto aprobado el pasado 6 de julio por el gobierno de Marruecos, en el que incorpora las aguas territoriales del Sáhara Occidental como propias y las establece como frontera marítima con las Islas.
La organización ecosocialista reclama la activación de una agenda de conversaciones internacionales que concluya cuanto antes con el establecimiento de unas fronteras claras en el espacio marítimo de las Islas, de forma que se resuelva el contencioso internacional en torno a la soberanía en el Sáhara Occidental de acuerdo al derecho internacional y que permita al Archipiélago impulsar su propia estrategia en el mar.
Sí se puede exige además la participación de las instituciones del Archipiélago en los espacios diplomáticos donde se trate sobre sus fronteras y su soberanía territorial; por tanto, considera indispensable que representantes institucionales del pueblo canario participen en las actuaciones que corresponde desplegar para expresar a Marruecos el rechazo a su medida unilateral e ilegítima y la exigencia del cumplimiento del derecho internacional.
“Las Islas no son ajenas a las periódicas exhibiciones del expansionismo marroquí mientras la indefinición del gobiero estatal frente al establecimiento de una frontera marítima de las aguas canarias es una constante desde la fallida e injusta retirada del Estado español de su colonia en el Sáhara”, asegura José de León, portavoz de la organización. “Solo una acción diplomática decidida y sin complejos permitirá a las Islas contar con unas fronteras ajustadas al derecho internacional, una necesidad imperiosa desde la perspectiva de la justicia y de la búsqueda de la convivencia en paz entre los pueblos, además de ser clave para nuestro desarrollo presente y futuro”, destaca.
A juicio de Sí se puede, la delimitación cartográfica de la línea mediana que delimite las aguas canarias, paralizada desde hace 40 años, es una grave deficiencia del sistema político del Estado español, una carencia que coloca a el Archipiélago en una situación de debilidad y la expone como vecina de un territorio en disputa bajo un conflicto internacional paralizado, y un lastre que frena el futuro desarrollo económico del Archipiélago, urgido de declarar su soberanía sobre los recursos reales y potenciales que alberga el océano de su titularidad.
La exigencia sobre la participación canaria en los mencionados procesos internacionales se enmarca en la voluntad del Parlamento de Canarias, que aprobó en 2015 la inclusión del espacio marítimo en la definición del territorio de la Comunidad Autónoma, tal como fija la Ley de Aguas Canarias.
“Habitualmente, Madrid le ha faltado el respeto a las Islas; pero esta forma de actuar no es solo responsabilidad de la concepción centralista de los gobiernos estatales, es también responsabilidad de los políticos sumisos que han gobernado el Archipiélago hasta ahora”, manifiesta De León, quien califica de “insuficiente y timorata” la actuación del Gobierno de Canarias en los dos momentos donde se ha discutido recientemente sobre el control de recursos estratégicos en el mar: en el caso de las prospecciones petrolíferas y en el de la hipotética posibilidad de explotar el telurio y otros minerales.
En la agenda de las Islas para resolver y garantizar su integridad territorial en el mar es clave que, tras su discusión en las Cortes Generales, se conserve tal como fue aprobado por el Parlamento de Canarias el texto del artículo en el que se establece la definición del territorio de la Comunidad en la Reforma del Estatuto de Autonomía, de forma que quede consagrado en este documento básico el reconocimiento del Estado español de que en el Archipiélago las competencias públicas se ejercen sin distinción de igual forma en los espacios terrestres y en los marítimos, tal como figura en el texto de la Ley 44/2010, de 30 de diciembre de Aguas Canarias.
Violación del derecho internacional
La medida de Marruecos constituye además una violación del derecho internacional, ya que Naciones Unidas rechaza la anexión marroquí y la autoproclamada soberanía de Marruecos sobre el territorio o las aguas saharauis. Esto es así porque la ONU contempla el Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonización en el que la potencia administradora es España, de forma que el no reconocimiento de la soberanía de la República Árabe Saharadui Democrática (RASD) sobre el Sáhara Occidental no permite la existencia de un interlocutor válido en el plano internacional con quien poder firmar un Tratado en el que se fijen las fronteras entre las aguas saharauis y canarias.
En la misma línea de lo establecido por Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordó en diciembre de 2016 que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos, reconocimiento que sostuvo sentencias que desconocen y prohíben los beneficios que obtiene Marruecos de los recursos naturales saharauis a partir de los Acuerdos Euromediterráneos entre la UE y Marruecos.
Igualmente, en junio pasado, el Tribunal Supremo de Sudáfrica calificó como legal la retención de la carga de un barco procedente de Marruecos con 54.000 toneladas de fosfato extraído del Sáhara Occidental, un dictamen que amplía las actuaciones conformes al derecho internacional. Sí se puede considera que no es casual que el gobierno marroquí haya adoptado esta decisión cuando el Frente Polisario y organizaciones internacionales denuncian al país magrebí ante jurisdicciones internacionales por la explotación ilegal de los recursos del territorio saharaui.
