Sí se puede asegura que la localización de telurio, cobalto, tierras raras y otros minerales en montes submarinos cerca de Canarias pone en cuestión la situación de las aguas canarias e incluso el ejercicio real de soberanía sobre su propio territorio. La organización ecosocialista reclama una definición que permita de una vez por todas a Canarias tomar decisiones soberanas sobre el mar de las Islas y la delimitación de una Zona Económica Exclusiva que garantice a Canarias disponer de su territorio y sus recursos.
A juicio de la organización ecosocialista, es imprescindible para el futuro del Archipiélago garantizar el control de las aguas archipielágicas por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que “permitirá el goce pleno de nuestra soberanía sobre nuestro territorio, así como definir una tarea pendiente: contar con una estrategia canaria en el mar», asegura Roberto Rodríguez Guerra, portavoz de la Coordinadora Nacional de Sí se puede.
Por ese motivo, Sí se puede considera que es necesario que, tras su discusión en las Cortes Generales, se conserve tal como fue aprobado por el Parlamento de Canarias el texto del artículo en el que se establece la definición del territorio de Canarias en la Reforma del Estatuto de Autonomía.
Es necesario, por tanto, que quede consagrado en el Estatuto el reconocimiento del Estado español de que en Canarias las competencias públicas se ejercen sin distinción de igual forma en los espacios terrestres y en los marítimos, tal como figura en el texto de la Ley 44/2010, de 30 de diciembre de Aguas Canarias, en las que se establece el carácter archipielágico del territorio de la Comunidad Autónoma y que este incluye tanto las islas como su mar territorial y su Zona Económica Exclusiva.
La organización ecosocialista reclama al gobierno central que tome ejemplo de Portugal al adoptar las medidas necesarias para que Canarias goce del mismo estatuto que Azores y Madeira sobre sus aguas, que cuentan con un marco jurídico preciso y reconocido a nivel internacional, tal como han señalado fuentes comunitarias al referirse al protagonismo de Azores en los proyectos de explotación de fondos marinos en el Atlántico, al señalar que “se ha optado por Azores porque el control de sus aguas no es ambiguo”.
En cualquier caso, Sí se puede recuerda que una decisión sobre el derecho sobre las aguas territoriales de Canarias está en manos de Naciones Unidas. A este organismo internacional también corresponde decidir sobre la solicitud española de ampliación más allá de las 200 millas, algo que choca con la diferencia establecida por la ONU entre las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de los Estados archipielágicos y las de los archipiélagos de Estado, según quedó establecido en la III Convención sobre el Derecho del Mar en Montego Bay en 1982.
Por otro lado, la organización ecosocialista rechaza el tratamiento que ha dado el gobierno de Mariano Rajoy a Canarias, al no haber abordado conjuntamente con el Gobierno canario las consecuencias económicas, políticas y jurídicas de la expedición británica que localizó en montes submarinos cerca de El Hierro el mayor yacimiento mundial de telurio conocido hasta ahora.
“Madrid le falta el respeto a Canarias, como suele hacer habitualmente, y esto es responsabilidad no solo de la concepción centralista de los sucesivos gobiernos estatales, es también responsabilidad de los políticos sumisos que han gobernado Canarias hasta ahora y su genuflexa relación con el poder central del Estado”, manifiesta Rodríguez.
Sí se puede considera que cualquier iniciativa o espacio de trabajo político o institucional relacionado con los recursos de las aguas canarias –ya sea por un interés científico, económico o diplomático– debe contar con la presencia de las instituciones del Archipiélago y estar encabezada por sus representantes. El gobierno central debe cumplir con lo establecido en este sentido en el marco jurídico, además de ser deseable para mantener una línea de cooperación y respeto institucional entre el gobierno del Estado y el de Canarias.
Respecto a la hipotética posibilidad de explotación de recursos tan valiosos, la organización ecosocialista considera que Canarias debe desplegar un esfuerzo jurídico e institucional que permita concretar una hasta ahora ausente “estrategia canaria en el mar”. Esta estrategia debe, al menos, contemplar dos criterios: preservar el medioambiente natural de las Islas con medidas de sostenibilidad ambiental y garantizar el control democrático sobre los recursos estratégicos.
En consecuencia, las decisiones sobre la explotación de los recursos esenciales deben ser adoptadas por la ciudadanía canaria convocada en referéndum y la actividad económica generada debe mantenerse bajo titularidad pública para que los fondos originados se destinen a promover el desarrollo y garanticen la distribución social de la riqueza.
