Sí se puede acusa a Coalición Canaria (CC) de destruir Canarias, tras la aprobación este miércoles de la Ley del Suelo por parte del grupo de Clavijo y sus cómplices de PP y ASG en el Parlamento de Canarias. “Nuestro rechazo a la Ley es radical porque no responde a los intereses generales de la población y pone el porvenir de las Islas ante un riesgo inasumible, tanto en su medio ambiente como en la calidad de vida de las personas residentes”, asegura el portavoz de la Coordinadora Nacional Canaria de la organización ecosocialista, Pablo Jerez.
Sí se puede considera que la ley aprobada atenta contra la defensa del territorio, la conservación de la identidad cultural asociada al vínculo con la tierra, el impulso de la sostenibilidad y la justicia social, el respeto al medio rural y a los recursos naturales y el auténtico apoyo al sector primario, a la economía productiva, al desarrollo rural y a la economía local y sostenible, según estableció recientemente la organización ecosocialista en una de las resoluciones de su III Congreso.
Por este motivo, reclama “la puesta en marcha de un debate colectivo a través de un proceso de participación ciudadana, dotado de recursos suficientes, para trabajar de forma eficiente y eficaz en la recogida de propuestas ciudadanas, que concluya con la redacción de un nuevo texto normativo y asegure un cuerpo legal apegado a los criterios de sostenibilidad, equidad y bienestar social que precisa el territorio de las Islas”, asegura Jerez.
En el origen de esta ley está “la presión del sector empresarial, que se apega a los llamados proyectos estratégicos para mantener o ampliar su margen de beneficios cuando el modelo económico de las islas no da para más”, apunta el portavoz. Por ello, la lógica neoliberal que impulsa el texto legal provoca que “el territorio pasa de ser el lugar en el que se desarrolla la vida y las relaciones humanas a un bien de mercado y un fondo de inversión”.
El objetivo de liberalizar el suelo lleva a “eliminar herramientas y entes reguladores”, con lo que quebranta el reparto de competencias estatutarias y deroga el sistema de planeamiento único, sostenible, moderno e inclusivo. Así, el modelo de gestión que crea la ley fomenta la arbitrariedad y discrecionalidad en la concesión de licencias, así como las modificaciones puntuales del planeamiento y, por tanto, la corrupción.
La consecuencia de esta lógica es “el crecimiento de las desigualdades, junto con la pérdida de la capacidad de decisión de la mayoría social sobre su propia vida y su futuro, así como el desvío de las políticas desde el interés general hacia el interés particular de los estratos sociales mejor posicionados en la pirámide del mercado”, subraya Jerez.
Deterioro general
Al desgranar algunos de los efectos de esta ley, el portavoz de Sí se puede destaca con énfasis “la pérdida de la exigua capacidad de abastecimiento alimentario de Canarias, derivada de la tensión especulativa que sufrirá un suelo rústico expuesto a la iniciativa empresarial de los sectores económicos más hipertrofiados de Canarias: la construcción y el turismo”.
A juicio de la organización ecosocialista, el suelo rústico se ha convertido en el más caro del Estado español, debido una tendencia histórica de CC a desatender las necesidades reales de la población, como la soberanía alimentaria, y a potenciar únicamente a los sectores que responden mejor a los intereses de la élite empresarial, mientras recorta los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La ley, finalmente, interviene negativamente en grandes problemas sociales y ambientales que amenazan a Canarias, como “la pérdida de biodiversidad y el cambio climático”, al tiempo que participa en “la destrucción de nuestro patrimonio natural y cultural, el deterioro ambiental y la injusticia social”, sentencia el portavoz.
